El ajuste de red en el Santander será "inminente". Ya lo justificó la pasada semana, con la carta remitida a los trabajadores para adelantarles la necesidad de una reestructuración que permita ganar "eficiencia" para el crecimiento del grupo "en la próxima década" ante el desplome de la rentabilidad por la situación económica y el avance de las plataformas tecnológica. Y en eso insistían ayer sus responsables durante la primera reunión con los sindicatos para detallar el impacto de las medidas. El banco quiere cerrar este año entre 425 y 450 oficinas y concentrar otras 1.000 pequeñas en sucursales más grandes y tecnológicas, a un ritmo de 350 cada ejercicio hasta 2018. Faltaba saber el impacto en empleo. Será un máximo de 1.200 empleados -el 5% del total-, de los que alrededor de 250 están vinculados a los servicios centrales. La entidad ofrece que la mitad de las salidas sean prejubilaciones y el resto bajas incentivadas. Los representantes de los trabajadores aseguran que siguen sin entender el recorte y mucho menos que Santander contemple "medidas traumáticas".

Con el recorte de red y el redimensionamiento de oficinas, sobre todo las que actualmente cuentan con uno o dos empleados, la entidad intentará inicialmente la recolocación. Para eso, el Santander toma la movilidad geográfica activada durante la absorción de Banesto en 2013, aunque con una ampliación de los destinos de hasta 100 kilómetros -entonces fueron 75- y una compensación que, según los sindicatos, todavía no cuantificó. Habrá también "traslados forzosos". El grupo dice que "limitados" y que, a cambio, los afectados recibirán 20.000 euros.

Para el excedente que prevé en la reorganización, las prejubilaciones se abrirían a aquellos efectivos a partir de los 58 años, con el 70% del salario bruto anual. Las bajas incentivadas duplicarían las condiciones actuales que recoge la reforma laboral para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). En lugar de 20 días con un máximo de un año, Santander estaría dispuesto a pagar 40 días y un total de dos ejercicios.

"Es una primera oferta que resulta absolutamente insuficiente", remarca Francisco Villares, responsable de la división de banca en CCOO en Galicia. El sindicato sostiene que "no es justificable ninguna pérdida de empleo". La entidad, asegura Villares, cuenta con contingente suficiente para que cualquier salida se haga con prejubilación si se baja el límite a los 55 años. En un grupo financiero, "capitalizado y con beneficios", cualquier media "obligada" para los empleados, "no puede ir adelante". "Lo indispensable -subraya también Javier Castro, de UGT Banca en la comunidad- es que cualquier medida se lleve adelante bajo la premisa de la voluntariedad. "Cualquier otra cosa no abre el camino para una negociación tranquila, seria e incluso responsable", añade.

"No entendemos que sobre gente", pone también por delante Manuel Valcárcel, representante de la CIG en el Santander. "Tras la fusión con Banesto se dijo que el proceso fue ejemplarizante y que la plantilla estaba dimensionada -continúa-. Así que defenderemos el empleo. A lo mejor lo que hay es un problema de gestión por la mala organización de las oficinas".

El arranque de las conversaciones en Santander coincide con la decisión de Unicaja de prescindir también de un tope de 1.120 puestos de trabajo en Ceiss, fruto de la fusión de Caja España y Duero. Es un tercio de su personal y lo quiere hacer también con el argumento de asegurar la sostenibilidad futura y el liderazgo en sus territorios de origen. Un anuncio que no sorprendió tanto como las polémicas previsiones de BBVA. Su consejero delegado, Carlos Torres, dijo en el encuentro Money 20/20 Europe, celebrado en Conpenhage el pasado lunes, que su modelo de negocio en el futuro solo necesitaría el apoyo de 1.000 oficinas y cerrar por tanto las restantes 2.800 que tiene en España, "dentro de muchos años, en un plazo indeterminado". La entidad se apuró a matizar que sobre la mesa "no hay ningún plan inmediato".