Bruselas recurre "in extremis" el fallo que validaba el antiguo "tax lease"

La Comisión agotó los plazos para apelar la sentencia de Luxemburgo. El recurso no reactiva la devolución de las bonificaciones fiscales a los inversores

29.02.2016 | 14:03
Botadura del "Reforma Pemex" en los astilleros Hijos de J. Barreras en Beiramar. // R. Grobas

Bruselas no tira la toalla y defenderá su dictamen sobre el antiguo tax lease ante la Corte Suprema. La Comisión Europea (CE) agotó los plazos que marca la legalidad europea y hoy ha comunicado que el pasado viernes presentó in extremis su apelación a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (TUE) del pasado 17 de diciembre que anulaba el dictamen de 2013 que declaraba ilegal el anterior sistema de bonificaciones fiscales que usaban los astilleros españoles (el viejo tax lease) y obligaba a los inversores que habían participado en las operaciones entre 2007 y 2011 a reembolsar las ayudas obtenidas. Bruselas disponía de dos meses de plazo y diez días suplementarios para entregar su apelación.

"La Comisión europea ha decidido apelar la sentencia del Tribunal General que anula la Decisión de la Comisión de 2013 que declaraba ilegal el sistema español de arrendamiento fiscal. La Comisión defenderá su Decisión ante el Tribunal de Justicia", se limitó a declarar Ricardo Cardoso, portavoz de la Comisión en materia de Competencia.

Fuentes del sector naval y juristas consultados por este periódico ya daban por hecho que Bruselas finalmente recurriría la sentencia del tribunal de Luxemburgo. La apelación no afecta sin embargo al proceso de reembolso de las bonificaciones fiscales obtenidas por los inversores que participaron en operaciones de tax lease entre 2007 y 2011, anulado por el fallo del TUE. El dictamen de Bruselas de julio de 2013 obligaba a estos inversores a devolver las ayudas y eximía a astilleros y compañías navieras y armadores.

Las mismas fuentes sostienen que no tendría sentido que la Comisión sí haya recurrido el fallo también contrario de Luxemburgo sobre las ayudas fiscales concedidas por España a las multinacionales nacionales por comprar empresas extranjeras (este régimen permitía a las compañías la amortización durante 20 años del fondo de comercio financiero -la diferencia entre el coste de las participaciones de una empresa y el valor de mercado de sus activos- en la adquisición de participaciones en firmas extranjeras), por considerarlas selectivas e ilegales, y renuncie en el caso del tax lease.

Será finalmente la Corte Suprema la que decida si el antiguo tax lease era legal o no. Directa e indirectamente, la crisis del tax lease estuvo presente en el cierre de seis históricos astilleros (Unión Naval de Valencia, Factorías Juliana, MCíes, Astilleros de Sevilla, Astilleros de Huelva y Unión Naval de Barcelona), en el concurso de acreedores de al menos otras dos factorías navales (Hijos de J. Barreras y Factorías Vulcano), en la quiebra de decenas de empresas auxiliares y en la destrucción de miles de puestos de empleo (unos 8.000 solo en las rías de Vigo y Pontevedra, según cálculos de los sindicatos).

Los astilleros cuentan hoy con un nuevo régimen de arrendamiento financiero que sí cuenta con el visto bueno de Bruselas y que también fue bendecido por la justicia europea, y que ya ha permitido la firma de importantes contratos en el País Vasco y en Asturias, principalmente.

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