Bruselas mantiene la incógnita sobre si recurrirá el fallo del antiguo "tax lease"

La Comisión dispone de un plazo suplementario de diez días desde hoy para tomar una decisión - El naval da por hecho que apelará a la Corte Suprema

17.02.2016 | 02:35

Bruselas mantendrá la incógnita hasta el final. Dos meses después de que el Tribunal de la Unión Europea (TUE) diese la razón a España y a los astilleros nacionales que recurrieron el dictamen de Bruselas sobre el antiguo tax lease (el sistema de bonificaciones fiscales utilizado para contratar buques hasta 2011), la Comisión Europea (CE) aún no ha decidido si apelará la sentencia ante la Corte Suprema, según ha podido saber este periódico en fuentes comunitarias. La Comisión disponía a priori de dos meses tras la comunicación del fallo (el pasado 17 de diciembre) para presentar recurso, pero transcurrido ese plazo aún no hay decisión. Se abre ahora un plazo de diez días "suplementarios" para resolver si apela o no el fallo del TUE, por lo que la incógnita podría continuar hasta el próximo 29 de febrero.

Fuentes del sector naval y juristas consultados por este periódico consideran que Bruselas finalmente recurrirá la sentencia del tribunal de Luxemburgo. Esta posible apelación no afectaría al proceso de reembolso de las bonificaciones fiscales obtenidas por los inversores que participaron en operaciones de tax lease entre 2007 y 2011, anulado por el fallo del TUE. El dictamen de Bruselas de julio de 2013 obligaba a estos inversores a devolver las ayudas y eximía a astilleros y compañías navieras y armadores.

Las mismas fuentes explican que no tendría sentido que la Comisión sí haya recurrido el fallo también contrario de Luxemburgo sobre las ayudas fiscales concedidas por España a las multinacionales nacionales por comprar empresas extranjeras (este régimen permitía a las compañías la amortización durante 20 años del fondo de comercio financiero -la diferencia entre el coste de las participaciones de una empresa y el valor de mercado de sus activos- en la adquisición de participaciones en firmas extranjeras), por considerarlas selectivas e ilegales, y renuncie en el caso del tax lease.

De cumplirse esta previsión, será finalmente la Corte Suprema la que decida si el antiguo tax lease era legal o no. Directa e indirectamente, la crisis del tax lease estuvo presente en el cierre de seis históricos astilleros (Unión Naval de Valencia, Factorías Juliana, MCíes, Astilleros de Sevilla, Astilleros de Huelva y Unión Naval de Barcelona), en el concurso de acreedores de al menos otras dos factorías navales (Hijos de J. Barreras y Factorías Vulcano), en la quiebra de decenas de empresas auxiliares y en la destrucción de miles de puestos de empleo (unos 8.000 solo en las rías de Vigo y Pontevedra, según cálculos de los sindicatos).

Los astilleros cuentan hoy con un nuevo régimen de arrendamiento financiero que sí cuenta con el visto bueno de Bruselas y que también fue bendecido por la justicia europea, y que ya ha permitido la firma de importantes contratos en el País Vasco y en Asturias, principalmente.

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