Las hostilidades indisimuladas entre los máximos accionistas de Nueva Pescanova SL y los antiguos socios de la pesquera han vuelto a escena tras el armisticio navideño. Convencidos de que el consejo de la vieja Pescanova ejecutó decisiones "ilegales" en septiembre y noviembre, la multinacional ha decidido contratar al despacho de abogados Uría Menéndez para "fiscalizar" su gestión al frente de la empresa. Dos son las decisiones que, a ojos de Nueva Pescanova, es preciso "investigar" al detalle. En primer lugar, según fuentes de la compañía de Chapela, están los "cambios no legales" por los cuales los accionistas históricos pudieron quedarse con el 20% de la compañía sin desembolsar los 7,32 millones de euros que estipulaban los convenios de hasta diez filiales. En segunda instancia, una modificación estatutaria ejecutada de forma "unilateral" que impide que Nueva Pescanova amplíe capital o fije la estructura del consejo si no es con el plácet de sus rivales: los viejos accionistas.
"Se hicieron cambios no legales en la aplicación de los convenios de las filiales", concretan desde Nueva Pescanova. Es conocido que el núcleo duro de la banca acreedora, el llamado G7 (Sabadell, Popular, CaixaBank, Abanca, Bankia, BBVA y UBI Banca) siempre rechazó la posibilidad de que la antigua matriz de la empresa se quedara con el 20% del holding sin pagar cantidad alguna tal y como reclamó un grupo de accionistas minoritarios respaldados por el fondo norteamericano Broadbill Investment Partners.
Esta propuesta enseguida recibió el amparo del consejo de la vieja Pescanova, que remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informes de "catedráticos independientes", Juana Pulgar y Juan Sánchez-Calero, que avalaban la legalidad del proceso. La única razón por la que el G7 accedió a dejar el 20% de Nueva Pescanova SL sin los 7,32 millones fijados por convenio -de obligado cumplimiento- fue por la llamada a la concordia del conselleiro Francisco Conde para disipar cualquier amenaza de liquidación. Solo había un mes para impugnar la asamblea general que permitió este botín de la vieja Pescanova. Los abogados de Uría analizarán si el consejo incurrió en prácticas irregulares pero ya sin impugnar el acuerdo de la junta por posible incumplimiento del convenio. No sería posible.
Los estatutos de la discordia
El mismo día en que Jacobo González-Robatto asumió el cargo de administrador único de Nueva Pescanova, el 26 de noviembre, FARO avanzó en exclusiva en su edición online que la compañía no podría ejecutar ninguna ampliación de capital hasta, al menos, el 31 de julio. Lo que todavía era confuso en ese momento era el por qué. El consejero y presidente de aquella junta, Fernando Herce, comunicó a los asistentes lo que accionistas como Broadbill, Iberfomento, Crisgadini (del matrimonio Masaveu y Fontán) y otros fondos de inversión ya conocían de antemano: que se habían cambiado los estatutos de Nueva Pescanova antes de que sus dueños de control, los bancos, asumiesen los mandos. Este es el segundo gran motivo de conflicto entre los propietarios del holding pesquero y los viejos socios.
El 10 de noviembre el consejero César Mata registró ante el notario vigués Miguel Lucas esta modificación estatutaria. Grosso modo consiste en lo siguiente: para que Nueva Pescanova pueda ampliar capital necesitará el 81% de votos de la asamblea general. Teniendo en cuenta que los antiguos socios tienen el 20% de la empresa, éstos se otorgaron a sí mismos "capacidad de veto". Además exigen que el reparto de consejeros se realice de forma proporcional cuando, tal y como admitieron a este periódico desde Chapela y así lo habían acordado con el G7, aceptaban tener solo un representante en este órgano de gestión. Ahora, si el consejo tiene diez miembros, la vieja Pescanova se reserva dos para sí.
Esta polvareda que FARO ya había publicado forzó ayer a la CNMV a pedir explicaciones a los consejeros de la antigua matriz, según indicaron fuentes próximas al supervisor bursátil. Pescanova SA envió un hecho relevante en el que aseguró que tomaron la decisión de cambiar los estatutos tras noticias como la de este periódico del 8 de noviembre y que rezaban así: "El G7 prevé diluir a la matriz de Pescanova en el futuro grupo con canje de deuda o efectivo". En la comunicación enviada ayer a la CNMV la compañía asegura que se propuso a González-Robatto la firma de un acuerdo para evitar la dilución del capital de la vieja Pescanova, y que estas conversaciones se produjeron "a lo largo de octubre". No obstante un portavoz de la antigua matriz había asegurado a FARO que fue el 5 de noviembre cuando "avisaron a Robatto del cambio [en los estatutos], y le propusieron, como alternativa, que le diera a Pescanova una carta de confort de que no harían una ampliación a corto plazo sin un acuerdo. La respuesta fue no". Cinco días después, César Mata acudió al notario para formalizar el cambio estatutario.
"Le pidió que no lo hicieran y claro que no accedió. No había nada que negociar y fue un cambio unilateral", zanjó a preguntas de este diario un portavoz de González-Robatto. Nueva Pescanova llevará a la próxima asamblea, que se celebrará en febrero o marzo, una moción para devolver los estatutos a su redacción inicial. En caso de que los accionistas no acepten la multinacional llevará a los juzgados la modificación "unilateral" del texto. "Si no se cambian el conflicto sí se va a judicializar".
