El clima en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) es el mismo que había cuando estaba Alvariño, pero ya sin Alvariño en la presidencia. Pretendidos aspirantes que hacen llamadas para sondear apoyos, duras críticas entre las confederaciones provinciales y una guerra que, lejos de ser norte-sur, abarca ya el este-oeste. Y así volvió a quedar ayer de manifiesto en el comité ejecutivo de la patronal gallega. Lo que en teoría iba a ser un encuentro "de trámite" se convirtió en un escenario donde poner de manifiesto que el futuro de la CEG está en el aire más allá del hecho de quién sea el nuevo presidente. "La gente tiene miedo al día después de las elecciones más que el hecho de presentarse, les preocupa más la oposición que se van a encontrar que otra cosa", explica un responsable de una organización sectorial. "O es para mí o no es para nadie, así piensan algunos", expresa otro dirigente empresarial.
Al candidato ya conocido, el ourensano José Manuel Pérez Canal, le han surgido dos posibles opositores: Antonio Diéter (empresario gallego de la formación) y Carmen José López (presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia), según fuentes internas de la patronal gallega. "El problema es que uno se presenta por oposición a otro [en referencia a Diéter y su aparente contienda con Pérez Canal] y otra porque está contra Fontenla", el sempiterno presidente de los empresarios de A Coruña. "Aquí nadie ha hablado de lo que quiere para la CEG, aunque está claro que hay quien quiere reducirla a la mínima expresión o que no exista", agregan desde una de las patronales provinciales. Y, sobre este panorama, sobrevuela la "sospecha" de candidatos tapados del propio Antonio Fontenla, que debe celebrar elecciones en la confederación coruñesa en primavera. José Manuel Pérez Canal iba a tratar ayer de conseguir el apoyo de A Coruña -ya lo había intentado antes de la salida de José Manuel Fernández Alvariño-, pero "lo va a tener complicado" pese a que, a día de hoy, él sea el único que ha trasladado a los empresarios su intención de optar al puesto.
¿Qué pasó en la reunión de ayer para que cundiera más desánimo todavía en el seno de la CEG? El comité ejecutivo -formado por los cuatro vicepresidentes, dos vocales por cada organización provincial y otros tantos de libre designación del presidente de la patronal- tenía que abordar tres temas. En primer lugar la prórroga del convenio Pexga con la Xunta. La red Pexga (Plataformas empresariales en el exterior de Galicia) son, a juicio de algunos empresarios, el "mejor modo de visibilizar" la patronal gallega y de buscar oportunidades en el exterior. El Gobierno gallego ya tiene reservada la dotación en sus presupuestos y hay personal en la CEG que se ocupa de este trabajo. "De repente hay una discusión sobre si hay que renovar o no el convenio, y eso sirve para identificar a las personas que no quieren que la CEG vaya adelante", condenan los mismos empresarios.
Dos patronales provinciales, la de A Coruña y Lugo, apuestan por reducir la estructura de la CEG de 18 a 7 personas (de las 43 que tenía el propio Fontenla, que ahora quiere adelgazar la plantilla). Con ese personal los programas Pexga "no pueden funcionar". En Ourense también hay un sector que quiere que la CEG solo tenga un presidente "institucional" que sirva de portavoz de los empresarios de Galicia, pero sin estructura funcional y sin los gastos que conlleva la sede de Santiago. También se abordó ayer la propuesta de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de reactivar el diálogo social con los sindicatos tras casi tres años paralizado. Otra negativa. "Los mismos dicen que no es bueno porque la Xunta tiene ahora motivaciones políticas, pero siempre hubo diálogo social con o sin elecciones", zanja uno de los presentes en la reunión de ayer, celebrada en Lugo.
El único punto de acuerdo fue la propuesta de modificación de los estatutos -Alvariño trató de hacerlo en dos años, sin éxito, para promover la limitación de mandatos-, que se debatirá en solo quince días, una hora antes de la asamblea general que debe elegir nuevo presidente (15 de enero). El futuro líder de la patronal gallega no podrá contratar servicios de empresas propias -como había hecho el empresario vigués- y se incluirá la posibilidad de presentar una moción de censura cuando esté respaldada por el 33% de los vocales. Si fracasan, no podrán volver a formular otra en doce meses. En definitiva, el único acuerdo fue para poder revocar al presidente, solo que todavía no lo hay.
