No hubo trampa ni cartón. El antiguo tax lease, el sistema de arrendamiento fiscal usado por los astilleros españoles para contratar barcos hasta 2011, era perfectamente legal y la Comisión Europea (CE) erró al considerarlo una ayuda ilegal de Estado y al exigir a los inversores -empresarios, bancos, etc.- que ayudaron al sector naval a financiar sus operaciones que devuelvan las bonificaciones obtenidas desde 2007. "Las medidas que integran ese sistema (el tax lease) no constituyen una ventaja selectiva", sentenció ayer el Tribunal General de la Unión Europea sobre los recursos presentados contra el dictamen de Bruselas por el Reino de España y las sociedades Pymar (que representa a los astilleros privados) y Lico Leasing. El fallo, como adelantó FARO DE VIGO en exclusiva el pasado 27 de noviembre, da la razón al Estado español, a los astilleros y a los inversores, y exime a estos últimos de cualquier reembolso.
Los recursos del Estado y de Pymar y Lico Leasing son los primeros de una larga lista de 65 reclamaciones ante el Alto Tribunal de Luxemburgo, que ha sido contundente en su sentencia. Después de analizar la documentación presentada por la parte española y la propia Comisión, el Tribunal General consideró que, al no existir ventajas económicas en favor de las AIE (las agrupaciones de interés económico que participaron en las operaciones de tax lease), es errónea la conclusión de la Comisión según la cual dichas entidades se habían beneficiado de una ayuda estatal, puesto que solo los inversores se beneficiaron de las ventajas fiscales y económicas derivadas del sistema español de arrendamiento fiscal (SEAF).
Según el TUE, la Comisión también erró al declarar que existía una ventaja selectiva y, por tanto, una ayuda estatal en favor de las AIE y de los inversores. "En efecto, cualquier operador podía beneficiarse de las ventajas fiscales de que se trata efectuando cierto tipo de operaciones, que cualquier empresa sin distinción podía realizar en idénticas condiciones", recoge la sentencia.
Las ventajas económicas que los socios de las AIE obtuvieron "podía obtenerlas en idénticas condiciones cualquier operador sujeto al impuesto en España, sin distinción, a pesar de la existencia de un sistema de autorización". Por tanto, la Comisión cometió un error al considerar que los inversores habían disfrutado de una ventaja selectiva a causa de su participación en cierto tipo de operaciones al que se otorgaban ventajas, y también al considerar que el SEAF confería una ventaja selectiva a los inversores en la medida en que la administración tributaria solo autorizaba, en virtud de una supuesta facultad discrecional, las "operaciones del SEAF destinadas a financiar buques de navegación marítima" en que aquéllos participaban. A mayores, el Tribunal General estima que no está suficientemente motivada la conclusión de la Comisión según la cual las medidas controvertidas podían falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales entre Estados miembros.
El pasado 17 de julio se cumplieron dos años de la resolución de la Comisión contra el antiguo tax lease español a raíz de una denuncia de la patronal holandesa de astilleros, a la que posteriormente se sumaron otros países europeos. El ahora excomisario de Competencia y exvicepresidente de la Comisión, el español Joaquín Almunia, fue quien dio a conocer el dictamen: el reembolso de las bonificaciones obtenidas por los inversores (empresas, entidades financieras, etc.) que habían participado en las operaciones de tax lease cerradas entre 2007 y 2011, al considerar que el régimen español era una ayuda de estado incompatible con las normas comunitarias de competencia. El Estado español, que en un primer momento cifró la cantidad a devolver en unos 126 millones de euros, fue el primero en recurrir la resolución, el 25 de septiembre de 2013. Le siguieron los astilleros a través de la sociedad privada Pymar, el 30 de diciembre de ese mismo año.
España esgrimía dos razones básicas para anular la decisión del colegio de comisarios: que el antiguo tax lease no era selectivo, es decir, que no era exclusivo de la construcción naval, sino que se podía aplicar a otros sectores productivos -como así concluyó el Tribunal General-; y que se habían violado los principios de igualdad de trato, confianza legítima y seguridad jurídica, fundamentales en la UE. Los astilleros, al igual que la sociedad Lico Leasing, aludieron también al carácter no selectivo del régimen de arrendamiento financiero y a los principios de confianza legítima (exponiendo la carta que la excomisaria holandesa Neelie Kroes envió en 2009 y que generó confianza legítima en los operadores) y seguridad jurídica, entre otros. Las vistas de los recursos se celebraron los pasados 9 y 10 de junio para el Estado español y los astilleros de Pymar, como adelantó FARO.
Tanto inversores como astilleros y el propio Gobierno han confiado siempre en que el Tribunal de Luxemburgo atendiese a las razones presentadas y fallase a favor de los intereses españoles. El sector estudia ahora exigir compensaciones por el bloqueo que la investigación de Competencia primero y la resolución de Bruselas después provocaron a la construcción naval española, cuya cartera de pedidos cayó a mínimos históricos y muchas factorías se vieron abocadas al cierre, lo que fue aprovechado precisamente por los denunciantes del tax lease, los astilleros holandeses, para llenar sus gradas. "En esa época se desviaron de España a Holanda la construcción de 50 barcos valorados en 2.500 millones de euros", señaló Álvaro Platero, presidente de Pymar.
Al margen de los recursos de Gobierno y astilleros, inversores de la talla de Inditex, El Corte Inglés, Ikea o la patronal bancaria (en representación de varias entidades) también han reclamado para frenar la devolución de las bonificaciones fiscales.
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, se felicitó ayer por la sentencia, que a su juicio refuerza los argumentos jurídicos que siempre ha mantenido España sobre que este régimen era "perfectamente legal y compatible" con el derecho comunitario. Ferre criticó el papel de Almunia, "que se empeñó en considerar que (el tax lease) no era legal" y en asegurar que se trataba de una "ayuda de Estado", lo que obligó a España a retirar dicho sistema, algo que causó un "daño muy importante" en el sector naval, ya que las inversiones que estaban previstas se vieron "perjudicadas". La condena de Bruselas obligó además al Gobierno a modificar el sistema de arrendamiento financiero con el nuevo tax lease, que es el que se mantiene actualmente y que, según Ferre, no se va a modificar por el anterior, dado que el actual está funcionando bien.
Ferre, que lamentó el "tiempo perdido" por esta decisión de la Comisión, reveló que España no ha devuelto aún ni un solo euro de las citadas ayudas, ya que se estaba todavía negociando con Bruselas a cuánto ascendían. Ante la posibilidad de que los países que motivaron la denuncia, como Holanda, puedan recurrir la decisión del TUE, el número dos de Hacienda aseguró que el Gobierno español se personará en cualquiera de los procedimientos que se abran al respecto.
