El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha cerrado la investigación contra los exdirectivos de Caja Madrid y Bankia que utilizaron las llamadas "tarjetas black" (opacas y al margen del control de Hacienda) y ve indicios de delito para juzgar a los expresidentes de estas dos entidades, Rodrigo Rato, y Miguel Blesa y a otros 64 beneficiarios de las controvertidas tarjetas.

Andreu concluye que los hechos investigados podrían ser constitutivos del delito de administración desleal, en el caso de los imputados que ocuparon cargos en los consejos de administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos) y de apropiación indebida en el resto de directivos que las utilizaron.

En su auto, asegura que el uso de las tarjetas "no tenía como finalidad los gastos de representación o gastos ligados con actividades profesionales, por lo que las cantidades dispuestas mediante su uso deberían de ser tratadas como retribuciones irregulares, dado que no tenían soporte contractual ni las cantidades recibidas eran declaradas a la Hacienda Pública".

Los directivos de Caja Madrid primero y luego de Bankia cargaron entre 2003 y 2012 algo más de 15,5 millones de euros en gastos personales, gracias al uso de las "tarjetas black" En su investigación judicial, iniciada en octubre de 2014, Andreu afirma que hay indicios de que los plásticos se emitieron "fuera del circuito normal", y que se convirtieron en un sistema que escapaba al control de la Agencia Tributaria. Sus titulares no tenían que justificar los cargos que realizaban, ni cuando retiraban dinero de un cajero automático. Además, los consejeros y ejecutivos disponían de otra tarjeta más. Esta sí, destinada a sus gastos de representación.

En concreto, el juez Andreu señala en su auto que la entrega de estas tarjetas "se convirtió en una remuneración irregular, de forma que, con un límite mensual según el cargo que ocupase su beneficiaron, se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía, y todo ello teniendo en cuenta que, según informa Bankia, junto a estas las consejeros o ejecutivos disponían de otras tarjetas de empresa".

La lista de exdirectivos a los que Andreu propone sentar en el banquillo de los acusados está formada por 66 exdirectivos de Caja Madrid y Bankiay hace responsable al expresidente de la primera entidad Miguel Blesa, que gastó 436.688 euros. Su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, con cargos de 575.071 euros, era el encargado de la gestión. Además de a Rato (con un gasto de 99.054 euros), el juez propone juzgar al ex secretario general Enrique de la Torre (320.742), el ex jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno (235.817), al ex director de Organización Ricardo Morado (450.818), Mariano Pérez Claver (379.513) y al que fuera director general de Negocio Matías Amat (431.067).

Los consejeros nombrados a propuesta del PSOE son Antonio Romero (252.009), José María de la Riva (208.979), Ramón Espinar (178.399), Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (149.490), José María Arteta (138.903), Francisco José Pérez Fernández (122.615), Jorge Gómez Moreno (98.182), José Acosta (62.460), María Enedina Álvarez Gayol (47.012), Santiago Javier Sánchez Carlos (46.399) y Virgilio Zapatero (35.988).

En cuanto a los representantes de IU, José Antonio Moral Santín (456.522), Rubén Cruz (233.763) y Juan Gómez Castañeda (128.000) se encuentran procesados, al igual que los nombrados a propuesta del sindicato CC.OO. Francisco Baquero (266.433), Antonio Rey de Viñas (191.495), Rodolfo Benito (140.521), Juan José Azcona (99.270), Pedro Bedia (78.151) y Gabriel Moreno (20.472).

Los representantes de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.750), Miguel Ángel Abejón (109.182), Rafael Eduardo Torres Posada (82.381) y José Ricardo Martínez (44.154), así como a los antiguos integrantes de las patronales Gerardo Díaz Ferrán, de la CEOE (93.984), Arturo Fernández (37.326) o Francisco Javier López Madrid, de CEIM (34.807).