Los sindicatos del área de Vigo han mostrado su satisfacción tras conocerse la resolución del Tribunal de la UE, anulando la decisión de la Comisión que declaraba ilegales las bonificaciones al amparo de este sistema, aunque han lamentado que dicha sentencia "llega tarde", tras la pérdida de más de 8.000 empleos directos e indirectos en el sector naval de la ría.

El portavoz de CC.OO., Ramón Sarmiento, ha recalcado que, "desgraciadamente", después de que hayan transcurrido casi 10 años desde que un grupo de astilleros encabezados por Holanda denunciasen el 'tax lease' español, las consecuencias de las medidas adoptadas por la Comisión (que suspendió esas bonificaciones y las declaró ilegales en 2013) "son ahora difícilmente subsanables".

Sarmiento ha recordado que, la crisis económica, sumada a la crisis derivada de la suspensión del 'tax lease' provocó que se cerrasen 6 astilleros en España, dos de ellos en Galicia (MCíes y Factoría Naval), que se perdiesen solo en la ría de Vigo más de 8.000 empleos directos e indirectos, y que desapareciesen "cientos" de empresas auxiliares.

Por ello, desde CC.OO. han instado al Gobierno español a tomar "medidas" para "solicitar compensaciones" por todos esos perjuicios, y para sean "resarcidos" los "realmente afectados". Asimismo, el sindicato ha expresado su deseo de que esta resolución del TUE sirva para eliminar los "recelos" de los inversores a la hora de firmar contratos de barcos.

CIG y UGT

Por su parte, el representante del naval en la CIG, César Rodríguez, ha constatado que la sentencia del Tribunal de la UE "deja claro que había un interés de la Comisión por destrozar este sector" y ha criticado que, en el momento en que el naval fue "atacado", las administraciones competentes "no lo defendieron con la fuerza suficiente".

Ahora, ha señalado Rodríguez, "habría que saber quién va a asumir la responsabilidad" por el "daño" causado a la industria naval de Galicia, tras "4 años de parálisis".

En la misma línea se ha manifestado la portavoz del Metal de UGT, Ana Belén Valiño, quien ha recordado que "se perjudicó gravemente a un sector y todo por una decisión que ahora se ve que era injusta". "Ahora nos dan la razón, pero es tarde. Hay que pedir responsabilidades y que se resarza a los trabajadores y empresas", ha concluido.