La justicia europea decide mañana sobre el recurso español por el viejo "tax lease"

El naval espera que Luxemburgo anule la decisión de Bruselas de obligar a los inversores a devolver las bonificaciones fiscales del periodo 2007-2011

16.12.2015 | 03:14

Visto para sentencia. El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo se pronunciará mañana sobre el recurso presentado por el Reino de España contra la resolución de la Comisión Europea (CE) del 17 de julio de 2013 que obliga a los inversores que participaron en las operaciones del antiguo tax lease (el sistema usado por los astilleros para contratar) a devolver las bonificaciones fiscales obtenidas entre los años 2007 y 2011. Como avanzó FARO, el TJUE habría estimado el recurso, avalando así la tesis del Gobierno, de los inversores y de los constructores navales de que el anterior sistema de arrendamiento financiero -herramienta habitual en la mayoría de países europeos para la amortización acelerada de los barcos- era perfectamente legal.

De confirmarse el fallo del Alto Tribunal europeo sobre las anteriores exenciones, el Ministerio de Hacienda podría suspender incluso el proceso de recuperación de las bonificaciones fiscales obtenidas por los inversores en ese periodo. La paralización de los reembolsos se mantendría incluso si Bruselas recurriese la sentencia del TJUE ante la Corte Suprema, según fuentes consultadas por este periódico, ya que un recurso de la Comisión no tendría efectos suspensivos ante una instancia superior como el Alto Tribunal.

El pasado julio se cumplieron dos años de la resolución de la CE contra el antiguo tax lease español a raíz de una denuncia de la patronal holandesa de astilleros. El ahora excomisario de Competencia y exvicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, fue quien dio a conocer el dictamen: el reembolso de las bonificaciones obtenidas por los inversores (empresas, entidades financieras, etc.) que habían participado en las operaciones de tax lease cerradas entre 2007 y 2011, al fallar que el régimen español era una ayuda de estado incompatible con las normas comunitarias de competencia. El Estado español, que en un primer momento cifró la cantidad a devolver en unos 126 millones de euros, fue el primero en recurrir la resolución, el 25 de septiembre de 2013. Le siguieron los astilleros a través de la sociedad privada Pymar, el 30 de diciembre de ese mismo año.

Desde enero de 2013, los astilleros españoles trabajan con un nuevo tax lease, bendecido por Bruselas y el propio Tribunal de Luxemburgo, y que en comunidades como País Vasco o Asturias ya ha permitido cerrar más de una docena de contratos desde su puesta en marcha. En Galicia, con el nuevo sistema de arrendamiento financiero el único contrato al que se ha aplicado hasta la fecha es el del flotel de Pemex que se está construyendo en Hijos de J. Barreras.

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