El dictamen de Bruselas sobre el antiguo tax leasetax lease, que obligó al Estado español a reclamar la devolución de las bonificaciones fiscales obtenidas por los inversores que participaron en las operaciones de contratación de buques entre los años 2007 y 2011, podría quedar solo en un mal sueño. El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo habría estimado el recurso presentado por España contra la resolución de la Comisión Europea (CE) del 17 de julio de 2013, avalando así la tesis del Gobierno, de los inversores y de los constructores navales de que el anterior sistema de arrendamiento financiero -herramienta habitual en la mayoría de países europeos para la amortización acelerada de los barcos- era perfectamente legal, según ha podido saber FARO en fuentes luxemburguesas. El TJUE tendría previsto notificar la sentencia el próximo 17 de diciembre, según las mismas fuentes.
Desde enero de 2013, los astilleros españoles trabajan con un nuevo tax lease, bendecido por Bruselas y el propio Tribunal de Luxemburgo, y que en comunidades como País Vasco o Asturias ya ha permitido cerrar más de una docena de contratos desde su puesta en marcha. En Galicia, con el nuevo sistema de arrendamiento financiero el único contrato al que se ha aplicado hasta la fecha es el del flotel de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se está construyendo en Hijos de J. Barreras, según reconoció en varias ocasiones la factoría.
De confirmarse el fallo del Alto Tribunal europeo sobre las anteriores exenciones, el Ministerio de Hacienda podría suspender el proceso de recuperación de las bonificaciones fiscales obtenidas por los inversores en ese periodo. La paralización de los reembolsos se mantendría incluso si Bruselas recurriese la sentencia del TJUE ante la Corte Suprema, según las mismas fuentes, ya que un recurso de la Comisión no tendría efectos suspensivos ante una instancia superior como el Alto Tribunal.
El pasado julio se cumplieron dos años de la resolución de la CE contra el antiguo tax lease español a raíz de una denuncia de la patronal holandesa de astilleros. El ahora excomisario de Competencia y exvicepresidente de la Comisión, el español Joaquín Almunia, fue quien dio a conocer el dictamen: el reembolso de las bonificaciones obtenidas por los inversores (empresas, entidades financieras, etc.) que habían participado en las operaciones de tax lease cerradas entre 2007 y 2011, al fallar que el régimen español era una ayuda de estado incompatible con las normas comunitarias de competencia. El Estado español, que en un primer momento cifró la cantidad a devolver en unos 126 millones de euros, fue el primero en recurrir la resolución, el 25 de septiembre de 2013. Le siguieron los astilleros a través de la sociedad privada Pymar, el 30 de diciembre de ese mismo año.
En su recurso, el Estado esgrimía dos razones básicas para anular la decisión del colegio de comisarios: que el antiguo tax lease no era selectivo, es decir, que no era exclusivo de la construcción naval, sino que se podía aplicar a otros sectores productivos; y que se habían violado los principios de igualdad de trato, confianza legítima y seguridad jurídica, fundamentales en la UE. Los astilleros, en esa misma línea, aludieron también al carácter no selectivo del régimen de arrendamiento financiero y a los principios de confianza legítima (exponiendo la carta que la excomisaria Kroes envió en 2009 y que generó confianza legítima en los operadores) y seguridad jurídica, entre otros. Las vistas de los recursos se celebraron los pasados 9 y 10 de junio para el Estado español y los astilleros de Pymar, como avanzó FARO.
Compensaciones
Tanto inversores como astilleros y el propio Gobierno han confiado siempre en que el TJUE atendiese a las razones presentadas y fallase a favor de los intereses españoles. De ser finalmente así, fuentes del sector no descartan exigir a Bruselas compensaciones por el bloqueo que la investigación de Competencia primero y la resolución de Bruselas después provocaron a la construcción naval española -la cartera de pedidos del sector cayó a mínimos históricos y muchas factorías se vieron abocadas al cierre-, que fue aprovechado precisamente por los denunciantes del tax lease, los astilleros holandesestax lease, para llenar sus gradas. Al margen de los recursos de Gobierno y astilleros, inversores de la talla de Inditex, El Corte Inglés, Ikea o la patronal bancaria (en representación de varias entidades) también han reclamado en Luxemburgo para frenar la devolución de las bonificaciones fiscales.
