La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha declarado la vulneración de los derechos fundamentales de un trabajador de una subcontrata de Telefónica que fue incluido en "una lista negra" de trabajadores conflictivos que le dificultó la búsqueda de empleo. Debe ser indemnizado con 30.000 euros. El litigio tiene su origen en 2009, cuando el trabajador fue despedido parte de la subcontrata en la que prestaba sus servicios tras ser acusado de cobrar cien euros a un cliente por un servicio que era gratuito. Esta acusación no pudo ser demostrada y el despido fue declarado improcedente en la jurisdicción social.
