El Gobierno de España presumía de ser el alumno aventajado de la Unión Europea, pero ha recibido un tirón de orejas cuando está a punto de concluir la legislatura. La Comisión Europea confirmó ayer sus temores sobre el riesgo de incumplimiento de las metas de déficit tanto de este año como del próximo. No ha sido el único organismo internacional de calado en sembrar dudas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también lo hizo la semana pasada y sin salir de España insistieron en la misma sospecha tanto el servicio de estudios del BBVA como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef). Incluso la agencia de calificación Standard&Poor's (S&P).
A pesar de las advertencias, De Guindos sigue insistido que el Gobierno cumplirá el compromiso de rebajar el descubierto de las cuentas públicas al 4,2% del producto interior bruto (PIB) este año y al 2,8% en 2016. No obstante ha reconocido que los umbrales son exigentes. Para cumplirlos se requiere un importante incremento de los ingresos públicos y la contención del gasto.
La mayor parte de las medidas de ajuste del déficit en España se llevaron a cabo en 2012, en el primer año del Gobierno de Mariano Rajoy. Desde entonces el cumplimiento de los objetivos de déficit se ha fiado al ciclo económico. A medida que la economía mejora (y en los últimos tiempos lo está haciendo por encima de las previsiones) la recaudación fiscal sube. El problema es que todos los indicadores señalan que se camina hacia una moderación del crecimiento en España y que esa pérdida de ritmo coincide con los anuncios de rebajas fiscales en vísperas de la campaña electoral, la más significativa la del IRPF.
En Bruselas no gustaron los fuegos artificiales en forma de bajada de impuestos en España, un país que presenta unos ingresos fiscales muy inferiores a la media de la UE y que en el segundo trimestre de este año tenía situada la deuda pública en el 99,5% del PIB. Al igual que tampoco agradó el adelanto de varios meses de la presentación de los presupuestos de 2016 como baza electoral. En ese contexto, no extraña que la Comisión Europea haya alertado del "riesgo de incumplimiento" de las cuentas para 2016 y haya exigido al Gobierno español que modifique "lo antes posible" los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento al considerar que las reformas se han quedado cortas.
Los servicios de Economía y Finanzas de la Comisión destacaron que España ya incumplió el objetivo en 2014 y auguran un desajuste entre ingresos y gastos del 4,5% del PIB para este año, tres décimas superior al objetivo. En 2016 el déficit se situará, según sus cálculos, en el 3,5%, siete décimas por encima de la meta fijada. Menores son las desviaciones que prevé el FMI: un agujero presupuestario del 4,4% y del 3,2% en 2015 y 2016 respectivamente, dos y cuatro décimas más de lo previsto inicialmente. Eso sí, el organismo internacional ya no prevé que España supere el umbral psicológico de deuda del 100% del PIB para 2016 y 2017, corrigiendo la estimación que había hecho en abril. El Gobierno de Rajoy afirma que en el futuro los organismos internacionales también tendrán que corregir sus previsiones de déficit para España -al igual que tuvieron que hacer con las previsiones de crecimiento del PIB- pero eso no se sabrá hasta después de las elecciones de diciembre
