El juez retiró ayer el pasaporte de Rodrigo Rato para evitar su fuga, y le obligará a comparecer una vez al mes en los juzgados. El magistrado Antonio Serrano-Arnal que investiga el caso del ex vicepresidente del Gobierno, acusado de fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares, decidió dejarlo en libertad tras tomarle declaración durante más de tres horas pero con esas condiciones. Algunas fuentes jurídicas señalaron que no se habían tomado medidas más drásticas porque la Fiscalía Anticorrupción no las solicitó. Rato aseguró horas después que es la persona "más interesada" en que se esclarezcan los hechos que investiga la justicia en relación con los ingresos que ha obtenido en los últimos años y el origen de su fortuna, y defendió que su proceder fue correcto.
Rodrigo Rato llegó a los juzgados de Plaza de Castilla a las nueve de la mañana, dos horas antes del inicio de su comparecencia ante el juez, con la intención de eludir a la prensa y a un grupo de afectados por las participaciones preferentes que le estaban esperando a la entrada. En esta ocasión sí que respondió a las preguntas que Serrano-Arnal le planteó y no como en julio cuando se acogió a su derecho a no declarar alegando que desconocía muchas de las acusaciones que había realizado la Oficina Antifraude (Onif).
El exvicepresidente durante el Gobierno de José María Aznar anunció a última hora de la tarde que remitirá al magistrado informes periciales para que quede constancia "de manera fehaciente" que los bienes que ha tenido en extranjero "tienen origen familiar" y han sido declarados "voluntariamente" a Hacienda. Y añadió que con eso papeles pretende dejar claro que "todas las transacciones de divisas que haya podido realizar eran legales y también han sido declaradas a la Agencia Tributaria. Sin embargo asegura que ignora la procedencia de 6,5 millones de euros, que el juez investiga.
Con las medidas impuestas por el magistrado Rato queda así en una situación similar a la de su secretaria Teresa Arellano y el supuesto testaferro Miguel Ángel Montero que declararon ante el juez la pasada semana tras permanecer dos días en los calabozos del Instituto Armado. Ambos conservaron, no obstante, sus pasaportes.
El propio Rato ya había sido interrogado el jueves en la Comandancia de la Guardia Civil, el mismo día en que se supo que otro de sus supuestos testaferros, el administrador de Albisa Inversiones, Alberto Portuondo, asegurara ante el juez que pago 40.000 euros mensuales a la sociedad Krandonara, epicentro del entramado societario que se supone que urdió el exdirector del FMI. Portuondo, el único que hasta ahora ha ingresado en prisión, explicó que abonó esas cantidades a Krandonara sin saber que era propiedad de Rato. Albisa Inversiones pagó 473.000 euros en 2011 y 360.000 euros en 2012 por servicios de asesoramiento, de los que existen sospechas porque éste reconoció al magistrado que, en tiempos de Rato al frente de Bankia, asesoraba a los responsables del banco que adjudicaban los contratos de publicidad. Y en esa misma época Portuondo ingresó dos millones de euros de las empresas Zenith y Publicis, las mismas que ganaron el concurso de publicidad de Bankia. Los investigadores consideran que parte de ese dinero, 833.000 euros, acabó llegando a Rato. El juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, comenzará a tomar declaración hoy a 16 testigos en relación con una de las piezas secretas abierta en el causa en la que se investiga la patrimonio del exvicepresidente.
