El Gobierno central quiere desatascar por todos los medios el uso de la tecnología del fracking para la extracción de gas o petróleo. El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de reforma de la ley de Hidrocarburos en un intento de calmar la resistencia de instituciones y particulares mediante medidas tributarias consistentes en aplicar a las empresas promotoras de las explotaciones nuevos impuestos y cánones cuya recaudación beneficiaría a comunidades autónomas y concellos y a los propietarios de los terrenos donde se emplacen los centros extractivos.

El fracking o fracturación hidráulica que ha adquirido un gran desarrollo en EE UU para la explotación de gas y petróleo no convencionales. El procedimiento consiste en la perforación de pozos a gran profundidad y la inyección de agua y sustancias químicas para liberar los hidrocarburos que están atrapados en ciertos tipos de rocas. Su uso ha permitido a los estadounidenses rebajar drásticamente el precio del gas y avanzar hacia la autosuficiencia en el suministro de petróleo. Las explotaciones de fracking han propiciado también un aumento en la oferta mundial de crudo que está en el origen de la intensa caída que la cotización internacional del petróleo.

El lado tenebroso del fracking está en sus impactos ambientales, según las denuncias de los movimientos ecologistas. Estos colectivos sostienen que la fracturación hidráulica conlleva riesgos severos para las aguas subterráneas y también de movimientos sísmicos.

En ese contexto, la apuesta del departamento de José Manuel Soria por el fracking ha suscitado la oposición de comunidades y ayuntamientos donde, según las estimaciones geológicas, existen reservas potenciales de hidrocarburos no convencionales. Ahora, con la intención de "cambiar la distribución de los beneficios económicos derivados de los yacimientos petrolíferos para acercarlos más al territorio" y suavizar el rechazo institucional y social a la concesión de permisos de exploración, la reforma del Gobierno plantea las siguientes medidas de corte tributario.

Impuesto. Se crea un nuevo impuesto sobre el valor de la producción de hidrocarburos. Parte de lo recaudado irá a parar a las comunidades, diputaciones y ayuntamientos donde se ubique el yacimiento.

Cánones. Se modifican los cánones de superficie que pagan las empresas y se crean otros nuevos por realizar sondeos.

Compensación. Se fija una compensación a los propietarios de los terrenos situados sobre el yacimiento, equivalente al 1% valor de la producción anual. Hasta ahora, los propietarios no recibían más compensación que el precio de la expropiación. El Estado, no obstante, retendrá la propiedad del subsuelo.