Espaldarazo de la justicia europea a la seguridad jurídica del nuevo tax lease. El Tribunal General de la Unión Europea (UE) dio ayer su bendición al nuevo sistema español de amortización anticipada para la financiación de activos (aplicable tanto a la compra de buques como de otros productos no seriados) tras rechazar el recurso interpuesto por una de las patronales de astilleros holandesas (Netherlands Maritime Technology Association) en marzo del año pasado contra el régimen, aprobado por la Comisión Europea (CE) en noviembre de 2012. Los jueces consideraron carentes de fundamento las alegaciones del lobby neerlandés, que ya había sido el promotor de la denuncia de 2005 que finalizó con la suspensión del primer tax lease y que condenó a los astilleros españoles a una sequía contractual que todavía perdura en algunos casos.
Para Pymar, la sociedad que representa a las 19 factorías navales privadas españolas, se trata de una decisión "trascendental para el sector que cierra definitivamente una época de incertidumbre y abre una fase llena de oportunidades". Su consejera delegada, Almudena López del Pozo, subrayó ayer que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo -que da la razón a Bruselas y al Gobierno español- refuerza la seguridad jurídica en el nuevo esquema y la confianza en el sector de la construcción naval, y consideró que "a partir de ahora nadie podrá poner en duda la legalidad de nuestro sistema de tax lease".
El secretario general de Asime (la patronal gallega del metal), Enrique Mallón, reconoció que esta resolución se esperaba "desde hacía un tiempo" y confirma que este instrumento de bonificaciones fiscales es "absolutamente legal y respetuoso con las normas europeas de competencia". Mallón aseguró que pese a que en los últimos meses no ha habido un incremento "destacado" en la cartera de pedidos de los astilleros gallegos, con esta resolución se "aportará mayor confianza y optimismo a armadores, inversores y entidades financieras, que en los últimos tiempos se están interesando por la construcción de nuevos buques en España".
Hasta la fecha, solo los astilleros vascos Balenciaga y Zamakona y el asturiano Gondán han conseguido firmar contratos (doce) con el nuevo régimen, valorados en 309 millones de euros, y que representan 1,37 millones de horas de trabajo. Las factorías gallegas siguen sin estrenarse aunque se están negociando algunas operaciones, según fuentes del sector. En las estructuras ya cerradas han participado compañías como Red Eléctrica de España, Gas Natural Fenosa, Bankinter, mutuas y grupos de seguros.
La guerra comercial desatada por Holanda había llevado a los astilleros españoles, a través de Aclunaga (Asociación Clúster Naval de Galicia) y del Foro Marítimo Vasco, a denunciar el régimen de financiación holandés hace más de dos años por su carácter "claramente selectivo", sin que hasta la fecha la dirección general de la Competencia de la Comisión haya abierto un expediente de investigación, a pesar de la documentación e información aportada. La dilación para abrir un procedimiento ha obligado a llevar esta reclamación hasta el Defensor del Pueblo Europeo.
Competencia había suspendido el tax lease español en junio de 2011 y en julio de 2013 declaró ilegales todas las bonificaciones fiscales obtenidas por los inversores que participaron en las operaciones realizadas entre 2007 y 2011, exigiendo la devolución de las cantidades al Ministerio de Hacienda. El fallo de Bruselas, que exime a astilleros, armadores y estructuradores, fue rechazada por la mayoría de los inversores, que han recurrido la decisión ante los tribunales. Más de 80 firmas han presentado recurso, muchas de ellas gallegas.
