"Haga un curso en su empresa y obtendrá un jamón de regalo o un vale para un fin de semana en un hotel de turismo rural". No es infrecuente que pequeños negocios reciban, dentro y fuera de Galicia, ofertas que pueden resumirse así para organizar formación destinada a sus empleados y a cuenta de la caja que la Seguridad Social hace con las cotizaciones de compañías y trabajadores. Y no son pocos los casos, según los testimonios recabados, en los que el curso no existe o no pasa de la entrega de un manual que acaba en un rincón. Es una de las formas de "picaresca" en torno al sistema español de formación, en el centro de la controversia por las irregularidades y las prácticas de corrupción descubiertas en autonomías Andalucía o Madrid, con la implicación de organizaciones sindicales y patronales y dirigentes políticos.

Estos casos han aireado fraudes millonarios y reforzado la sospecha de que el dinero de la formación es usdo en España de manera irregular para la financiación de los agentes sociales. Pero el sistema tiene otros sumideros por los que, presumiblemente, se van cantidades relevantes de dinero, aunque sin el alcance que destapan las investigaciones relacionadas con la adjudicación de cursos. "Hay picaresca, pero no por ello se puede condenar el modelo de formación bonificada", según un representante de empresas de formación.

La formación bonificada es la que pueden realizar las empresas con el apoyo económico de la denominada Fundación Tripartita, órgano participado por el Ministerio de Empleo, la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO. Esta fundación mueve cada año más de 2.000 millones, en su mayoría procedentes de las cotizaciones (0,7% de la base reguladora) que la Seguridad Social recauda para sostener la "formación para el empleo". La mitad de ese dinero se destina en buena medida a través de las autonomías, para cursos y acciones dirigidas a desempleados. El resto se invierte en formación de trabajadores ocupados. Y el 60% (cerca de 600 millones de euros) va a parar a la formación bonificada en las empresas.

Funciona así: las empresas pueden disponer de una ayuda (crédito de formación) equivalente a todo o parte del 0,7% que cotizaron a la Seguridad Social, según su tamaño. Las grandes tienen acceso a un retorno equivalente al 50% de sus aportaciones si lo invierten en formar a sus plantillas. La pequeñas llegan al 100%. Y las más modestas de todas, las que tienen de uno a cinco trabajadores, disponen de un crédito mínimo anual de 420 euros.

En estos estratos, donde la ayuda es por lo general de 420 euros, es donde la picaresca es más común. Empresas dedicadas a la formación, generalmente de tamaño modesto y creadas ex profeso para sacar partido de las subvenciones públicas, intentan captar a los empresarios para "repartirse" los 420 euros. El asunto requiere de la participación de ambas empresas y de los trabajadores que presumiblemente van a recibir la formación. "En un país con un 30% de contratos temporales, no es difícil", opinó otra de las fuentes consultadas.

Un caso prototípico puede resumirse así, según varios testimonios: la compañía formadora persuade al pequeño empresario para organizar un curso para dos de sus empleados sobre una disciplina relacionada con el negocio; se elige una modalidad no presencial, a distancia, la más difícil de controlar y que la Fundación Tripartita retribuye a razón de 5,5 euros por hora (los cursos a distancia son sistemáticamente los de mayor duración) y por trabajador; el formador entrega unos manuales, en ocasiones confeccionados mediante "corta y pega" en internet y con un coste muy bajo de edición, y nombra tutor a un empleado suyo; la empresa formadora se encarga del papeleo, incluido el envío a la Fundación Tripartita de los exámenes tipo test que en lugar de los trabajadores cumplimenta la propia compañía formadora, como si el curso se hubiera realizado efectivamente; la factura pasa a la fundación y la Seguridad Social paga la bonificación. El dinero se lo reparten ambas firmas, aunque en ocasiones una de ellas lo reciba en forma de regalo: un jamón, un dispositivo informático o un vale para una noche en un hotel rural.

Esta forma de fraude tiene modalidades más sofisticadas y con impactos negativos en otras actividades económicas. Algunas empresas que se presentan como de formación ofrecen a sus clientes fórmulas para hacer que las ayudas de la formación bonificada les permitan financiar el coste de los protocolos que impone la legislación de protección de datos o la relativa a prevención de riesgos laborales. Justifican los gastos como formativos y los cargan a los créditos de cotización. La Fundación Tripartita llegó a reconocer la existencia de "fraudes masivos" y anunció medidas para frenarlos. Pero resulta imposible realizar un control exhaustivo. Es en los negocios más pequeños, donde el riesgo de estas irregularidades es mayor. Sobre todo cuando la formación es a distancia, la más difícil de comprobar.

El problema de la modalidad a distancia excede al ámbito de la formación bonificada. Se utiliza también en los cursos y actividades que despliegan con ayudas públicas empresas, organizaciones patronales o sindicatos. El fraude potencial es tal que, según las explicaciones recabadas, el Gobierno está decidido a acabar con esta fórmula en el contexto de la cercana negociación sobre el sistema general de la formación para el empleo. Según esas informaciones, el Ejecutivo llegó a meditar la supresión del cheque de los 420 euros de las microempresas para cortar la picaresca, aunque no se decidió.

El Gobierno ya introdujo en sus últimas convocatorias algunos cambios para abrir la adjudicación de cursos a la libre concurrencia. El Ministerio de Empleo, que dirige Fátioma Báñez, comenzó en 2013 permitiendo al sector privado competir por el 30% de un fondo de 183 millones en ayudas para formación de trabajadores ocupados y para este año elevó esa proporción al 50%. El resto queda reservado para patronales y sindicatos.

El departamento que dirige Fátima Báñez prevé abrir a la libre concurrencia todos los repartos estatales hasta 2015. Los sindicatos y las organizaciones patronales podrán competir con el sector privado a través de sus organizaciones dedicadas a la formación, el instituto IFES, en el caso de UGT, y la fundación Forem, en el de CC OO.