El dictamen de la Comisión Europea, en el que consideró ilegales y sujetas a devolución las "ayudas" del antiguo sistema de bonificación fiscal para la construcción de buques -conocido como tax lease- sigue recibiendo demandas en el Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo. A los recursos presentados por el Gobierno de España y la Xunta de Galicia, y empresas como Inditex, Banco Santander, Banco Sabadell o Aluminios Cortizo, se suman ahora otras dos: Remolcadores Nosa Terra (Remolcanosa) y Hospital Povisa. Según confirmaron fuentes oficiales e las empresas, ambas firmas han interpuesto una demanda para que se "anule" la decisión impugnada "en lo que afecte a la recuperación de las ventajas que corresponderían a las sociedades demandantes como partícipes" de diversas Agrupaciones de Interés Económico (AIE), así como que "se condene en costas a la Comisión".

El Ministerio de Hacienda cifró en 126 los millones que tenían que devolver los inversores del sistema tax lease en cumplimiento del dictamen de Bruselas, aunque la Comisión de Competencia consideró que esa cifra no era correcta y, hasta la fecha, no se ha enterrado el problema del viejo tax lease. El recurso que han interpuesto las sociedades que constituían las AIE se ancla en dos pilares: en la anulación del dictamen de la Comisión, de julio del año pasado, y en la suspensión del procedimiento de reembolso de dichas "ayudas".

De acuerdo a la opinión de José Manuel Otero Novas, abogado de la parte demandante, "el sistema español de arrendamiento fiscal (SEAF) es un todo, en el cual sus diferentes medidas, en sí misma lícitas o ilícitas según el criterio de la Comisión, son elementos imprescindibles para lograr la celebración de contratos de construcción naval con astilleros españoles". Como lo hizo Inditex o Cortizo, Remolcanosa y Povisa censuran que la decisión de la Comisión de recuperar esas ventajas fiscales recaiga únicamente en las AIE.

"Aunque las ventajas directas calificadas como ilícitas por la Comisión se han otorgado a las AIE participantes, todo el sistema fue concebido y ejecutado para que esas ventajas se trasladaran a todos los partícipes del sistema", ahonda la demanda, presentada formalmente el pasado mes de junio.

En opinión de Remolcanosa y Povisa, "la selección exclusiva" de las Agrupaciones de Interés Económico para soportar la carga de la recuperación "se produce por fines distintos a los que justifican el otorgamiento a la Comisión de la facultad de acordarla", zanja el documento. El texto es una pata más del recurso interpuesto por el Estado (T-515/13) contra el dictamen del Colegio de Comisarios. Mientras no se resuelve el problema del viejo tax lease, la Comisión sigue sin responder acerca de la investigación a la que iba a someter al sistema de bonificación fiscal que utilizan los astilleros holandeses.