La propuesta del Gobierno de someter a tributación las indemnizaciones por despido -con un mínimo de 2.000 euros por año trabajado- se ha convertido en el renglón más polémico de la reforma tributaria. Hasta el punto de que, según varias informaciones conocidas durante la jornada de ayer, dirigentes del Partido Popular han empezado a ejercer presión para que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconsidere esa media o al menos suavice sus términos.
Hasta ahora, las indemnizaciones por despido que cumplen los requisitos del Estatuto de los Trabajadores están exentas de IRPF. Cristóbal Montoro ha planteado que tributen cuando el pago supere los 2.000 euros por año trabajado, un límite que deja sin gravamen los pagos más modestos, pero que pueden alcanzar a los trabajadores con sueldos medios que sean despedidos. La indemnización por despido improcedente es de 45 días por año trabajado o de 33 días, según los casos. En el primer supuesto, un trabajador con un salario superior a 1.500 euros mensuales ya rebasaría el nuevo mínimo exento de tributación.
Más reacciones
El secretario general del sindicato UGT, Cándido Méndez, denunció ayer que la reforma fiscal con la que tributarán las indemnizaciones por despido es la "segunda vuelta" de la reforma laboral. Por su parte, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, comentó que la obligación de tributar por las indemnizaciones supone "gravar dos veces a quienes pierden su empleo"."Además de que pierdes el empleo, te meten un palo fiscal importante", denunció Toxo. El hecho es que el IRPF ya es un impuesto per se, con lo que, entienden algunos expertos, penalizar a quien sea despedido después de abonar esta tasa es un ejemplo de "doble tributación".
El recién reelegido presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, Jesús Terciado, afirmó que la reforma fiscal del Gobierno "deja a las pymes como estaban" y demandó una "reforma integral".
