Todos los representantes de la ejecutiva de UGT-Vigo ya presentaron su dimisión

La dirección gallega tendrá que elegir una gestora hasta la celebración de un nuevo congreso

18.06.2014 | 08:26

Todos los miembros de la ejecutiva viguesa de UGT ya han presentado su dimisión. Los últimos cuatro entregaron por escrito su renuncia el pasado lunes a la dirección gallega del sindicato, que tendrá ahora que elegir una gestora para hacerse cargo de la unión comarcal hasta la celebración de un nuevo congreso, según ha podido saber FARO. La ejecutiva saliente, encabezada por Santiago Rodríguez, achaca su dimisión por las diferencias insalvables con la cúpula de UGT-Galicia, a la que acusó la semana pasada de cometer "irregularidades" en su financiación, como avanzó este periódico.

La unión comarcal de Vigo ya estuvo regida por una gestora entre los meses de octubre de 2013 y marzo de este año, después de que la dirección gallega suspendiera el congreso celebrado el pasado septiembre, en el que salió elegida por mayoría la ejecutiva de Rodríguez. Al frente de dicha gestora estaba Domingo Barros, responsable de Política Sindical de UGT-Galicia, acompañado por José Manuel Rodríguez Portela, también de la ejecutiva gallega; José Carlos Casal, Eva María Rojas Fiestras, Guillermo Alemany, Trinidad Campos e Ignacio Pérez Calzado.

La actividad de la gestora quedó sin efecto tras la sentencia del juzgado de lo Social nº2 de Vigo, que validó el resultado del congreso y devolvió las llaves del sindicato a la ejecutiva de Rodríguez. Pero tras su dimisión, la unión comarcal volverá a estar a cargo de una gestora, como establecen los estatutos del sindicato. El secretario general de UGT-Galicia, José Antonio Gómez, había explicado la semana pasada tras la dimisión de Rodríguez que no se podía poner una gestora al frente de Vigo ya que quedaban representantes de la ejecutiva, pero estos entregaron su renuncia el lunes.

Rodríguez acusó la semana pasada a la dirección gallega de "inmovilismo" para ejercer su labor reivindicativa en la calle y en los centros de trabajo y de financiarse de forma "irregular" a través de planes y programas subvencionados, imputando nóminas a trabajadores del sindicato por tareas y funciones que no se están realizando.

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