El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, afirmó ayer que el esfuerzo de consolidación fiscal que tiene pendiente la economía española es "muy significativo" , con una reducción planeada del déficit hasta 2017 de 5,5 puntos del PIB (unos 55.000 millones), por lo que ha pedido revisar el gasto público y elevar la imposición indirecta.

Linde aprovechó su comparecencia en el Congreso para presentar la Memoria Anual del Banco de España para responder al presidente de la Comisión Europea (CE), José M. Durao Barroso, que pretender "simplificar" la crisis financiera española culpando al organismo español de lo ocurrido "explica poco las cosas" y además es "poco útil", y recordó que el coste de estos defectos de supervisión en nuestro país está en línea con el que han tenido otros estados europeos.

"La culminación del proceso de consolidación fiscal debe seguir siendo un objetivo prioritario de la política económica en España", subrayó Linde. Desde su punto de vista, este esfuerzo es "necesario" para mantener la confianza de los agentes económicos, seguir avanzando en la normalización de la financiación y restaurar el margen de maniobra de la política presupuestaria. A su juicio, cumplir los objetivos es "crucial" para contener y reducir la ratio de deuda pública respecto al PIB.

Por otro lado, Linde se refirió a las palabras que Durao Barroso pronunció este lunes en la jornada inaugural del seminario La Europa que deja la crisis, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde responsabilizó al anterior equipo del Banco de España, que encabezaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de la crisis financiera española.

"El Banco de España es más consciente que nadie de los problemas e insuficiencias que se produjeron en la supervisión bancaria. Pero, sin querer polemizar con nadie y con todo respeto para todas las personas, simplificar la crisis española en los errores del Banco de España es poco útil y explica muy poco las cosas", indicó Linde, recordando incluso las palabras sobre este asunto en el año 2012.

En ese momento, reconoció que no se podía cargar toda la responsabilidad de la crisis financiera a la coyuntura internacional, y asumió la parte de culpa que correspondía al supervisor por no haber visto los riesgos asociados a la burbuja inmobiliaria y financiera, ante la que se actuó "con poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado".

Tras reconocer que se podía haber hecho más para prevenir la crisis bancaria, el gobernador también abogó por "objetivar" los errores de los supervisores financieros a través de su medición, para lo cual apeló a las estadísticas oficiales del propio Ejecutivo comunitario sobre "cuánto ha costado a los países resolver sus problemas" en el ámbito bancario. En este sentido, se remitió a un cuadro de la Comisión con datos de 2008 a 2012 sobre las ayudas inyectadas a la banca en los diferentes estados de la UE, según el cual Alemania gastó en ese periodo 144.000 millones de euros, Reino Unido 123.000 millones, España 88.000 millones, Irlanda 65.000 millones y Grecia 37.000 millones.