Coca-Cola Iberian Partners, la embotelladora única del popular refresco en España tendrá al menos que volver a sentarse a negociar con los representantes de los trabajadores si quiere mantener los recortes de personal previstos en el Expediente de Regulación de Empleo ejecutado en abril y que supuso el cierre de cuatro de sus siete plantas envasadoras y el despido de 1.190 trabajadores, 70 de ellos en Galicia, adscritos a la coruñesa Begano. La Audiencia Nacional comunicó ayer la sentencia dictada días atrás que anula el ERE y obliga a readmitir a los trabajadores despedidos y a pagarles los salarios no abonados.

Coca-Cola Iberian Partners es el producto de la fusión de las nueve empresas --Begano entre ellas-- que hasta el año pasado se repartían la distribución del popular refresco en distintas zonas de España, pero los trabajadores seguían a sueldo de cada una de las firmas que la integran, lo que sirvió de argumento a los sindicatos para alegar que la empresa no podía negociar un ERE para todo el grupo en una única mesa de negociación por no tener conformado un grupo.

El tribunal da la razón en parte a los trabajadores. Alega que Coca-Cola Iberian Partners es "un grupo de empresas laboral" que sin embargo "nunca se ha constituido formalmente como empresario". La sentencia entiende que la compañía cerró mal su fusión al no informar ni negociar con los sindicatos el cambio de titularidad de la empresa. "Se ha producido un completo y manifiesto incumplimiento de las obligaciones de información, consulta y negociación en el supuesto de cambio de titularidad de la empresa", comenta la resolución, que advierte de que esta infracción "se mantiene en el presente y se proyecta sobre el periodo de consultas" porque entonces "la información y documentación sobre la constitución del grupo era todavía incompleta", argumenta.

En línea con la doctrina que están aplicando los tribunales españoles al enjuiciar los ERE, los magistrados entienden que Coca-Cola Iberian Partners incumplió la obligación de informar de modo suficiente durante la negociación acerca de las causas alegadas para reestructurar la empresa y reducir la plantilla. Y añade que ese proceder "no puede en modo alguno considerarse conforme con una mínima exigencia de buena fe negocial. Concurre por ello causa de nulidad del despido colectivo".

Aunque el ERE fue aprobado para 1.190 trabajadores en toda España, de los que 102 se producirían en la coruñesa Begano, 821 empleados de la envasadora abandonaron hasta ahora sus plantas a través de 323 prejubilaciones y 262 bajas incentivadas firmadas durante un período de aceptación "voluntaria" y 236 despidos forzosos (la gran mayoría de la planta madrileña de Fuenlabrada). Estaba previsto que los ajustes se ejecutaran a lo largo de este año, por ejemplo, en la factoría coruñesa de Begano, donde se produjeron unos 70 despidos entre quienes optaron por la prejubilación o las bajas incentivadas que la empresa ofreció como alternativa a un despido con la indemnización mínima legal (20 días por año trabajado). "No fueron bajas incentivadas, sino coaccionadas porque la alternativa a aceptar irte era un despido con 20 días de indemnización por año trabajado", recordó ayer el secretario general de la federación de Alimentación de UGT en Galicia (Fitag), Juan Fernández.

Algo más de una decena de empleados gallegos aceptaron además el traslado a las plantas de Barcelona y Bilbao, aunque como reconoce el comité, fueron casos aislados de personal sin familia, dado que la mayoría descartó cambiar de factoría.