La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha pedido un debate público para que la prostitución y el tráfico de drogas blandas "puedan llegar a ser legalizadas" para luchar mejor contra sus efectos adversos y obtener recursos que permitan a la sociedad compensarlos.

Así consta en un documento presentado hoy por el presidente de la IHE, Ransés Pérez Boga, sobre la reforma fiscal y los "agujeros negros" del fraude y que ha sido remitido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Durante la conferencia de prensa, el inspector de Hacienda Domingo Carbajo ha destacado que el objetivo de esa legalización es disponer de una información cuantitativa del volumen que se mueve en estas actividades, y ha añadido que las cifras son "peligrosas" porque todos los estudios han sido de personas interesadas y no de entidades públicas.

También ha dicho que hay mucha "hipocresía y moralina" sobre la prostitución y ha añadido que es conveniente conocer sus ventajas e inconvenientes.

La IHE pide también que se eliminen los billetes de alta denominación (200 y 500 euros) para combatir la economía sumergida y que los altos cargos del Estado no puedan desempeñar sus puestos si están siendo juzgados por delitos económicos, así como prohibir la financiación pública de los partidos.

Asimismo, aboga por aumentar el umbral del delito fiscal a 600.000 euros (frente a los 120.000 actuales) y subir la pena para que, aún en el caso de que se repare el daño o no se tenga antecedentes penales, se ingrese realmente en prisión. En este sentido, propone cambiar el Código Penal para considerar los delitos fiscales como continuados con la suma de las cuotas defraudadas en cada ejercicio y que se aumente el plazo de prescripción de 5 a 6 años.

"Solido" sistema tributario

Los Inspectores aseguran que para sostener el gasto público, de alrededor de 400.000 millones, se necesita un "sólido" sistema tributario sustentado por pilares como un adecuado diseño de las figuras tributarias del sistema fiscal, y una administración que gestione eficaz y eficientemente el sistema y que reduzca el fraude fiscal y la economía sumergida.

Además, la IHE destaca que se debe revisar el modelo organizativo encargado de la aplicación práctica del sistema fiscal y el reparto de competencias entre los tres niveles administrativos en materia fiscal, tanto a nivel normativo como gestor y de reparto del rendimiento obtenido por la recaudación tributaria.

El documento defiende que se implanten medidas más rigurosas para la concesión de ayudas y subsidios públicos, aumentar las sanciones por fraude e integrar toda la información de los ciudadanos en una base de datos única.

Asimismo, pide que la Autoridad Fiscal sea realmente independiente para lo que es necesario "que esté formada por funcionarios no afiliados a ningún partido y de alta calidad técnica".

Para evitar la economía sumergida solicita que se impulsen los pagos con tarjeta y con medios electrónicos de pago, ampliar las restricciones de los pagos en efectivo y potenciar el intercambio de información con los órganos de la Seguridad Social.

Con el fin de acabar con los paraísos fiscales aboga por la obligación de los bancos a identificar a sus clientes, el intercambio de información entre países y la posibilidad de pago a confidentes.

La IHE también pide regular el pago a confidentes en el caso de delito fiscal y que en las solicitudes de aplazamiento se eliminen las peticiones dilatorias sin intención real de pago.

También señala que es positivo crear un censo de morosos de Hacienda y que haya un tratamiento uniforme a nivel nacional de los impuestos y de los modelos de declaración en todas las comunidades autónomas.