La cuenta del producto interior bruto (PIB), herramienta estadística que mide la riqueza económica que genera un país, incluirá en España a partir del próximo otoño una estimación del negocio que mueven actividades alegales o ilegales como la prostitución, el tráfico de drogas o de armas y el contrabando en general.

El país se sumará así a la lista de los miembros de la Unión Europea que asumen anticipadamente las nuevas instrucciones del llamado Sistema Europeo de Cuentas.

Algunos cálculos preliminares y oficiosos sostienen que el PIB español se ensanchará en al menos 10.000 millones de euros con ese cambio.

La norma europea impone la obligación de modificar la base de cálculo del PIB a partir de 2016. Sin embargo, países como Austria, Estonia, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Noruega ya contabilizan la aportación de la prostitución y las distintas formas de tráfico ilegal de bienes y servicios. España, Italia y Reino Unido se incorporarán a ese grupo a partir de septiembre de este año. Esto es, los resultados del PIB en el tercer trimestre recogerán por primera vez las estimaciones que elabore el Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca de los citados negocios que están al margen de la ley.

El PIB es una herramienta capital de la macroeconomía que mide el valor de los bienes y servicios que genera un territorio y que se puede considerar desde tres puntos de vista: la oferta (producción), la demanda (consumo, inversión y saldo exterior) y las rentas (salarios, beneficios empresariales e impuestos). Para su elaboración se combinan datos procedentes de múltiples fuentes estadísticas.

¿Cómo será posible aproximarse siquiera al negocio que mueven la prostitución o el tráfico de drogas? Ambas actividades forman parte de la llamada economía sumergida, imposible de medir con precisión, aunque deja algunos rastros en el PIB. Las tentativas de medir la economía sumergida utilizan con frecuencia métodos indirectos, como el análisis de algunos consumos (el energético, sobre todo) o ciertos indicadores monetarios (relación entre el dinero en efectivo y los depósitos bancarios, por ejemplo). Para estimar el valor de las actividades ilegales en términos de PIB se tendrán en cuenta datos como las incautaciones de droga realizadas por la Policía o las respuestas de la Encuesta de Presupuestos Familiares, que analiza el gasto de los hogares. Según algunas informaciones, es posible que el INE incluya en la encuesta alguna pregunta directa sobre el gasto en prostitución o en drogas.

Este cambio en el PIB coincidirá con otro referido a la forma de computar el gasto en investigación y desarrollo, que pasa a ser tratado como inversión (formación bruta de capital fijo). Algunas estimaciones no oficiales anticipan que el nuevo peso de la I+D será de unos 10.000 millones, semejante al que se presume a la suma de la prostitución, las drogas y el contrabando. El INE revisará los datos anteriores del PIB para evitar que el cambio en las cuentas refleje un crecimiento anómalo de la economía.