Los titulares de los más de 28 millones de acciones de Pescanova tienen una cita el 30 de junio en la sede de la pesquera, en Chapela. Será la última vez que se reúnan los socios antes de celebrar la gran asamblea, en octubre o noviembre, que será la que habrá de aprobar la segregación de activos, la operación acordeón o la ampliación de capital. En esencia, la que deberá dirimir entre ejecutar el plan de la banca -el convenio de acreedores- o forzar la liquidación de la pesquera. Pescanova informó ayer, a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de los puntos del orden del día de la junta ordinaria y extraordinaria de socios. En todo caso, como publicó ayer este diario, la única decisión importante que se va a dirimir en esta sesión será la aprobación de las cuentas de 2013, así como las "reformuladas" de 2012 y 2011.

El cónclave importante será en otoño, una vez las filiales españolas -a excepción de Insuiña o Hasenosa- sean sometidas a un concurso exprés de acreedores. Será entonces cuando Pescanova, si acceden los miembros de la junta, se convierta en una sociedad limitada con tres brazos distintos: la división de trading (comercialización), la de filiales españolas y las internacionales. En la banca son conscientes que, sin el plácet de la junta general, no se podrá materializar el convenio. En ese momento -por el incumplimiento de las condiciones pactadas y validadas por el juez- cualquier acreedor podría solicitar la liquidación de la pesquera. Hasta ese momento las entidades y sus asesores -KPMG y Freshfields- tienen mucho trabajo por delante, pues deberán armar toda la estructura societaria que permita la metamorfosis de Pescanova. La matriz, Pescanova SA, pasará a ser un armazón donde se resguardarán las participaciones, ya testimoniales, de antiguos accionistas como Damm, Luxempart, Manuel Fernández de Sousa o Carolina Masaveu.

Mientras tanto, como también avanzó ayer este diario, serán cuatro los consejeros que tenga la compañía. Este, de hecho, es uno de los puntos de la orden del día de la junta de junio: "reducción a cuatro del número de miembros del consejo de administración". Seguirán Alejandro Legarda (independiente), Fernando Herce (por Iberfomento), Diego Fontán Zubizarreta (esposo de Carolina Masaveu, por Crisgadini) y César Mata (también secretario y sustituto de Luis Sánchez Merlo). No habrá presidente hasta que, hasta finales de otoño, se constituya el nuevo consejo de una compañía renovada, en poder de siete bancos.

Además, los accionistas recibirán "información sobre el proceso concursal y sobre la propuesta de convenio de acreedores", ya aprobada. El plan fue avalado en sentencia firme por el juez de lo Mercantil 1 de Pontevedra, Roberto de la Cruz, por lo que los socios que acudan a la junta no tendrán capacidad para votar en contra. Los asistentes también recibirán información sobre la "situación de la sociedad y la marcha de sus negocios". En la última junta, cuando Juan Manuel Urgoiti fue elegido presidente de Pescanova, fueron los administradores concursales los encargados de informar sobre la situación de la empresa. Pero ahora el consejo, una vez levantado el concurso, ha recuperado las facultades de gestión, de modo que puede ser uno de sus miembros el que exponga la situación. Fuentes consultadas creen que los administradores de Deloitte deberían volver a tomar la palabra ya que, aunque han cesado en sus funciones, son miembros de la Comisión de Vigilancia.

Este último órgano será el encargado de velar de que el convenio se vaya cumpliendo tal y como está escrito, de ahí que el último punto del orden del día sea el de "delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados". Esta Comisión estará formada por Jacobo González-Robatto como representante de la banca -hijo, a su vez, de un antiguo consejero de Pescanova, José González Robatto-; Alejandro Legarda será el portavoz de Pescanova y, como administrador concursal, Deloitte.

La última junta de accionistas que aprobó las cuentas lo hizo en 2012, cuando la cúpula de Sousa informó que habían obtenido beneficios por 50 millones. Corregidos los estados contables desde 2011, las pérdidas acumuladas rozan los 1.800 millones de euros.