La banca afronta el nuevo examen con aval

La protección de parte de los créditos fiscales por pérdidas pasadas supone otra ayuda pública, aunque solo será tal en caso de insolvencia de una entidad

25.04.2014 | 01:40

La banca española y europea afronta otro año crítico, con una prueba de resistencia que medirá la capacidad del sector financiero para afrontar una eventual recaída en la crisis o un hipotético escenario futuro de similares características al que se está viviendo en estos seis años de enorme dificultad.Será el primer examen que lleve a cabo el Banco Central Europeo (BCE) como nuevo gran supervisor del sector financiero en la eurozona y será también el primero que se lleve a efecto una vez que la UE acaba de salir de la doble recesión.

Para el sector financiero español supondrá un análisis de gran relevancia para determinar el grado de resistencia de las entidades ante fenómenos muy adversos como los ya vividos y para hacerse merecedor de la confianza internacional.

Buena parte de la credibilidad de la economía española dependerá del resultado de la prueba: España es una de las economías más bancarizadas.La recuperación definitiva dependerá por ello en una alta medida de que se restablezca el crédito, pero el fortísimo endeudamiento privado nacional y la morosidad elevada siguen presionando al negocio bancario y, en una suerte de círculo vicioso, las entidades necesitan visos de recuperación del PIB, del empleo y de la solvencia de los clientes para normalizar su operativa prestamista.

La nueva prueba de esfuerzo va a medir también el éxito o fracaso de la fortísima reestructuración acometida en el sector desde 2009 y en particular las medidas adoptadas con posterioridad al último análisis, realizado en 2012. El Gobierno español expresó su tranquilidad ante los resultados de la nueva reválida para la banca nacional.

El gran terremoto causado por el derrumbe de la inmensa "burbuja" inmobiliaria y crediticia española, gestada entre 1998 y 2008, golpeó a bancos y a cajas. Desde entonces ha habido fusiones de cajas y conversiones en bancos; rescates, nacionalizaciones y privatizaciones de cajas, y también fusiones, absorciones y ampliaciones de capital en la banca privada.Se han hecho fortísimas dotaciones y provisiones que llevaron a pérdidas al sector en 2012. Hubo un rescate europeo del subsector de cajas por 40.000 millones y se creó la Sareb o "banco malo" para que asumiera activos dañados del sector. No hay cifras definitivas sobre el coste del auxilio al conjunto del sector financiero. Algunas estimaciones apuntan a que podría llegar al 15% del PIB: unos 150.000 millones.

No es posible saberlo porque hay capítulos sin cerrar, medidas preventivas que no han vencido, ventas de participaciones y reprivatizaciones sin realizar y porque se desconoce qué coste tendrá la Sareb. Es probable que pasen años antes de que se sepan las cuentas definitivas de este gigantesco rescate público de la inmensa deuda privada.

Para completar el arsenal, elGobierno avaló el 29 de noviembre a la banca derechos de cobro por 30.000 millones de los llamados activos o beneficios fiscales diferidos (DTA). Es una medida dirigida a cumplir el próximo test de resistencia y a proteger al sector de las exigencias de la nueva norma internacional de solvencia Basilea III.

Para evitar que la aplicación de la normativa de Basilea volatilizara parte de la capitalización bancaria, el Gobierno aprobó avalar 30.000 de los 51.000 millones de créditos fiscales que tenía la banca. Estos créditos fiscales proceden de las pérdidas generadas por las elevadas provisiones que les impusieron los gobiernos de Zapatero y de Rajoy en 2011 y 2012. Las sociedades que incurren en pérdidas tienen la posibilidad legal de desgravar ese importe en ejercicios posteriores con cargo a los impuestos que graven sus beneficios futuros. Es una práctica extendida en países de la OCDE. El Gobierno avaló parte de esos créditos fiscales por el riesgo de que la débil recuperación económica y el lento relanzamiento bancario no permitan a las entidades generar beneficios suficientes en el periodo estipulado para poder repercutir esos derechos. Y porque, de no haberlo hecho, Basilea III obligaría a deducir su importe del capital de los bancos. Ahora, con el aval de Hacienda, esos recursos pueden ser contabilizados por la banca como capital de máxima calidad. Gobierno y Banco de España lo justificaron porque, en caso contrario, la banca española estaría discriminada. En otros países se devuelven impuestos ya pagados cuando sobrevienen pérdidas y no se demora su compensación a beneficios futuros. Y porque, de no haberlo hecho, se daría el contrasentido -dijeron- de que la banca tendría ratios de capital peores cuantas más provisiones hiciese. El BCE autorizó la medida. El riesgo es que en caso de insolvencia de alguna entidad, el fisco asumirá el coste.

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