El juicio fijado para hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por la demanda de la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal (FEDETT) contra el convenio del metal de la provincia de Pontevedra se ha aplazado hasta el próximo mes de junio.

La razón del aplazamiento es que no fue citada una de las patronales firmantes del convenio, Instalectra, según confirmó a Efe Ramón Sarmiento, de CCOO, quien ha indicado que hasta entonces las centrales sindicales sondearán entre "los actores" del sector cuáles están interesados en recurrir a las ETT y que lo motiven.

El secretario general de la patronal gallega del metal (Asime), Enrique Mallón, ya ha avanzado que esta organización estará de acuerdo si en la vista se solicita una declaración de conformidad a la legalidad vigente.

Mallón ha señalado, en declaraciones a los medios, que tanto el artículo 10 del convenio que restringe las contrataciones de servicios a través de ETT como "algún otro" no se adecúan a la legalidad vigente, y por tanto se acabarán eliminando del texto.

Cree el secretario general de Asime que si se recurre a las ETT de forma "correcta, adecuada y racional" no debe dar a lugar a una precarización laboral, como ayer denunciaron los sindicatos, y que en todo caso este tipo de contrataciones tienen que ir acompañadas de las directas, "más habituales" en el sector.

Mallón ha abundado en que "en determinados supuestos" se puede recurrir a las ETT "siempre que se cuiden las condiciones que establece el convenio colectivo y las mínimas de seguridad y salud laboral que para el metal es fundamental por ser una actividad, en muchos casos, de riesgo".

Ramón Sarmiento ve "lógico" que la patronal acatará una sentencia desfavorable, pero subraya que los servicios jurídicos de los sindicatos entienden que hay "suficientes argumentos" para defender la legalidad del convenio tal y como está, así como que la FEDETT "no está legitimada" para cuestionar la legalidad del convenio.

En cuanto a la posible luz verde a la contratación a través de ETT en la industria del metal, ha recalcado que supondría "renunciar al futuro" del sector, por cuanto se basaría en un modelo de "nula estabilidad" que no facilitaría la cualificación ni el compromiso de los trabajadores con las empresas.

El artículo de la controversia establece que las empresas afectadas por el convenio no podrán contratar los servicios de las ETT, excluidos los supuestos de sustitución de incapacidad temporal, vacaciones y licencias.

Manuel Simón, de la CIG, advirtió ayer de que su anulación "cuestionaría la legitimidad" de los negociadores para alcanzar acuerdos y demostraría que la patronal de las ETT "actúa también en requerimiento de las empresas del sector con intereses en este tema", vistas las previsiones de carga de trabajo de los astilleros.

"Las ETT miran un nicho de mercado en este momento, y no vamos a permitir que entren a trabajar en el sector del metal. Nos interesa estabilizar el trabajo y fidelizar a los trabajadores", sostuvo Simón.