La patronal española de las ETT impugna el convenio provincial del metal de Pontevedra

La FEDETT demanda a las organizaciones empresariales y sindicales firmantes del texto por considerar ilegales las restricciones a la contratación de personal a través de sus asociados

23.04.2014 | 01:50
Un trabajador del sector del metal suelda unas piezas en una planta de Vilagarcía de Arousa. // Noe Parga

Las empresas de trabajo temporal (ETT) han puesto el ojo en el metal pontevedrés. La patronal española de las ETT, la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal FEDETT, ha impugnado el convenio provincial del sector del metal por considerar ilegales las restricciones que afectan a la contratación de servicios de este tipo de compañías, limitados a los supuestos de sustitución por incapacidad temporal (IT), vacaciones y licencias. FEDETT ha demandado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a las asociaciones empresariales Asime, Atra y Foncalor y a los sindicatos CC OO y UGT (firmantes del convenio), y exige la nulidad del artículo 10 del texto, que es el que regula los servicios de las ETT. El acto de conciliación se celebra mañana.

El convenio del metal de la provincia de Pontevedra es el mayor de Galicia y afecta a la actividad de más de 32.000 trabajadores y 4.200 empresas, por lo que suele tomarse como referencia en otras negociaciones dentro y fuera de la comunidad. La demanda de FEDETT afecta a las asociaciones empresariales y sindicales que rubricaron el último convenio colectivo, el del bienio 2013-2014, aunque en el caso de las patronales cita a Foncalor en lugar de a Instalectra, que no suscribió el texto. Según el auto, al que ha tenido acceso FARO, la asociación de ETT considera ilegal el artículo 10 del convenio colectivo, y esgrime diferentes cambios normativos en la legislación española que han afectado a las relaciones laborales en los últimos años, como la reforma laboral.

Entre otras, FEDETT cita la Ley 35/2010 de 17 de diciembre de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y la Ley 3/2012 de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y recuerda que desde el 1 de abril de 2011 "se suprimen todas las limitaciones o prohibiciones para la utilización de los servicios de las empresas de trabajo temporal que reúnan los requisitos establecidos en la legislación vigente". La asociación imputa así convenio para las empresas del metal sin convenio propio y exige que se decrete la nulidad del citado artículo 10 del texto "por cuanto que el mismo conculca la legislación vigente e incurre en ilegalidades y manifiesta lesividad para los intereses" de las ETT.

Fuentes sindicales consultadas por FARO sostienen que detrás de la demanda se esconde la intención de las ETT de aumentar su presencia en el sector de la construcción naval, en el que se prevé un crecimiento importante de las contrataciones a raíz de los últimos encargos realizados a Barreras y a otros astilleros vigueses.

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