España debería tener "un reparto más equilibrado" de la carga que suponen para empresarios y trabajadores las cotizaciones sociales. Lo sugiere la comisión de expertos que ha elaborado un informe para el Gobierno sobre la cercana reforma tributaria y es un planteamiento que encierra la posibilidad de elevar la porción de las cotizaciones que se descuenta en las nóminas de los empleados. Tal propuesta, de ser asumida por el Ejecutivo, conduciría a una rebaja extra del salario líquido de los trabajadores.

El grupo de especialistas coordinado por el catedrático Manuel Lagares llama la atención en su informe acerca de las diferencias que existen entre España y otros países europeos en el reparto del pago de las cotizaciones entre empresarios y trabajadores. En el sistema español, como en la mayoría de los resto de la UE, las contribuciones a la Seguridad Social se calculan sobre una base que varía según la categoría profesional del asalariado y que es relevante tanto para fijar las aportaciones de unos y otros al sostenimiento del sistema de prestaciones (pensiones, incapacidad temporal y otras) como para determinar en el futuro la cuantía de las pensiones de los asalariados.

Sobre esa base se aplican varios tipos de gravámenes -por contingencias comunes y desempleo y otros por aportaciones al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y a la formación profesional- que sumados suponen pagos equivalentes al 36,25%. Esta tasa agregada se divide del siguiente modo: 29,7% a cuenta de la empresa y 6,55% a cargo del trabajador.

El informe Lagares pone el acento en que el tipo de cotización total está en España cinco puntos por encima de la media. También en el hecho de que "el tipo de gravamen a cargo de los trabajadores españoles es el tercero más bajo de Europa". Según la información estadística que aporta la comisión, solo los asalariados irlandeses y estonios abonan tasas menores, inferiores en ambos casos al 5%. En cambio, la cotización a cargo de las empresas es la séptima más elevada de la UE. "España se caracteriza por un sistema impositivo en el que el peso inicial de las cotizaciones sociales es superior a la media de ese peso en la UE y porque, además, el peso inicial de esas cotizaciones recae en bastante mayor medida sobre los empresarios que sobre los trabajadores". En 2011, el 70% de la recaudación por cotizaciones procedió de las empresas, frente al 59% del promedio comunitario.

Ante esa divergencia, el informe Lagares incluye entre sus propuestas la siguiente: "Proceder a una nueva distribución de la carga resultante entre empresarios y trabajadores, atendiendo a la experiencia de nuestro entorno".

Los expertos consultados por el Ministerio de Hacienda para la reforma tributaria formulan esa sugerencia dentro de otra de mayor envergadura para modificar el sistema español de cotizaciones sociales. Implica transformar el actual sistema de bases por categorías profesionales "en un auténtico impuesto sobre nóminas". Más concretamente, se plantea que, en lugar de cotizar según un catálogo de bases mínimas y máximas como el vigente, las contribuciones se calculen sobre los rendimientos percibidos, tal como se definen a efectos de tributar por el IRPF. La comisión propone a renglón seguido que se fijen nuevos tipos de gravamen, aunque garantizado en todo caso que la recaudación global será equivalente a la actual.

Como filosofía general, el grupo de expertos es partidario de integrar las cotizaciones como un impuesto más en el sistema tributario e incluso de que la Seguridad Social desaparezca como organismo recaudador. El informe aboga en suma por abrir la opción de que el sistema de pensiones se financie con la bolsa general de los impuestos. Se alude, por ejemplo, al caso de Dinamarca, donde las cotizaciones sociales son muy bajas, para abaratar los costes laborales y estimular el empleo, y el IVA es muy alto, para sostener el Estado del bienestar.

Una de las propuestas medulares de la comisión Lagares es que España vaya a una devaluación fiscal como herramienta para ganar competitividad, como ha hecho en los dos últimos años por medio de la llamada devaluación interna (principalmente, con la rebaja de salarios que trajo la reforma laboral de 2012). En línea con las opiniones de las autoridades de la UE y del Fondo Monetario Internacional (FMI), los expertos defienden rebajar las cotizaciones sociales y que la caída de ingresos se compense subiendo de nuevo el IVA.