Apenas el 1% de los trabajadores autónomos y el 0,8% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) españolas han decidido acogerse al denominado IVA de caja, un sistema ofrecido por el Gobierno para evitar que los negocios modestos ingresen el impuesto en la Agencia Tributaria antes de haber cobrado sus facturas. Según datos del Ministerio de Hacienda, únicamente 21.569 contribuyentes se han apuntado a esta fórmula.

El Ejecutivo presentó en su día el IVA de caja como una fórmula que beneficiaría a dos millones de autónomos y pymes. Según aquellas previsiones, el sistema mejoraría la liquidez de esos contribuyentes, que podrían contarían en 2014 con 983 millones de euros adicionales.

El procedimiento está pensado para negocios que facturen menos de dos millones de euros al año, pero su eco ha sido tan limitado, a decir de las asociaciones de autónomos, debido a que es administrativamente complejo (obliga a llevar un registro extra de facturas) y a los cambios que también impone a las empresas grandes que contratan con autónomos y pequeños empresarios. Algunas organizaciones sectoriales han denunciado presiones de esas compañías grandes sobre sus proveedores para que no se acogieran al IVA de caja.