IU acusa al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y a otros 31 consejeros de haber diseñado un "plan criminal" para arrebatar el patrimonio a sus clientes, a los que ocultaron "maliciosamente" su "desastrosa situación patrimonial" para convertirles en accionistas y colocarles preferentes.

Así consta en la querella que hoy ha presentado la formación contra 32 exconsejeros de BFA y Bankia y ambas entidades como personas jurídicas ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ya investiga desde 2012 las presuntas irregularidades en la fusión y salida a bolsa del banco y tiene una pieza separada sobre las preferentes de Caja Madrid.

El magistrado les imputó los delitos de falsificación de las cuentas anuales y de los balances, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida -castigados con hasta 3, 4, 2 y 6 años de cárcel, respectivamente- a raíz de haber admitido una querella de UPyD.

Ahora, IU les acusa en su querella de siete, que supone tres nuevos delitos, ya que añaden al contable, al de apropiación indebida y al de administración desleal el de asociación ilícita -el más grave, castigado con hasta ocho años de cárcel-; estafa (6); falsedad en documento mercantil (6) y falseamiento de información económico financiera para captar inversores (4).

Según el texto, los exconsejeros diseñaron y ejecutaron un "plan delictivo de engaño" en dos fases, la primera mediante la oferta pública de venta de acciones y la emisión de preferentes y su posterior colocación en el mercado minorista.

Y ello con el fin de provocarles "una pérdida patrimonial" para desplazar sus ahorros a la entidad, que conocía en aquel momento "su absoluta falta de liquidez y reservas suficientes para seguir operando como tal".

Para ello, "se confabularon, diseñando dicho plan criminal" para "obtener ilícitamente, mediante engaños y de forma masiva, ingresos para el banco", poniendo en circulación un producto, las preferentes, que les permitiera "falsear" su contabilidad.

Según IU, no se trató de "una conducta puntual", sino de una "práctica sistemática, organizada y coordinada, incrustada durante años en el núcleo directivo" de la entidad, a la que convirtieron "en un instrumento de vocación delictiva".

"Esa vocación perdurable en el tiempo más allá de lo esporádico o coyuntural apuntaría la existencia de una estructura organizativa de cierta consistencia, densidad y entidad", resalta la querella.

Además, la formación señala como colaboradores necesarios de "ese plan gigantesco de engaño" al Banco de España y a la CNMV, a la auditora Deloitte y a Lazard, que asesoró a Bankia en su salida a bolsa.

Para IU, los querellados "no son víctimas de la crisis económica, del azar o de los cambios normativos en la regulación del sector bancario", sino "autores" de un plan "de engaño con finalidad criminal", que "intentaron ocultar maliciosamente la desastrosa situación patrimonial" del grupo "por un afán exclusivo de obtener beneficios crematísticos personales exorbitados".

Este "ánimo fraudulento y delictivo", relata el texto, es lo "único" que explica que los consejeros continuaran en el cargo hasta que se reformularon las cuentas en mayo de 2012 -y que pasaron de beneficios a pérdidas millonarias- y el nombramiento del propio Rato, que fue "propio de una película de gánster" promovido por las "distintas facciones del Partido Popular de Madrid".

La querella se dirige contra 20 consejeros de Bankia y 15 de BFA, aunque tres de ellos estaban presentes en ambas: Rato, José Manuel Fernández Norniella y Antonio Tirado.

El resto de querellados son, por parte de Bankia, el vicepresidente José Luis Olivas y el exconsejero delegado Francisco Verdú; Carmen Cavero; Arturo Fernández; Alberto Ibáñez; Javier López; Juan Llopart; Araceli Mora; José Antonio Moral Santín; Francisco Juan Ros; José Manuel Serra Peris; Atilano Soto y Antonio Tirado.

Por parte de BFA, se encuentran ex vicepresidente Francisco Pons; Rafael Fernando, Remigio Pellicer y Ángel Villanueva, procedentes de Bancaja; José M.Suárez del Toro (La Caja de Canarias); Ángel Villanueva y Agustín González, de Caja Ávila; Francisco Baquero; Pedro Bedia; Luis Blasco; José R. García-Fuster; Jorge Gómez; Jesús Pedroche; José María de la Riva; Estanislao Rodríguez-Ponga; Mercedes Rojo y R. Romero de Tejada, procedentes de Caja Madrid.

IU quiere que el magistrado embargue sus bienes por valor de 24.945 millones, cifra equivalente a las inyecciones que recibió la entidad hasta mayo de 2012 y, de no ser suficiente, extender esta medida cautelar a Bankia y BFA.

Asimismo, solicita el embargo de los bienes de los consejeros procedentes de Caja Madrid por un importe de 3.000 millones, cantidad que emitió en preferentes en mayo de 2009 bajo la presidencia de Miguel Blesa.