El "sudoku" eléctrico de Merkel

Alemania lanza una reforma que intenta la cuadratura del círculo: prescindir de la energía nuclear e impulsar la renovable sin subir costes

04.04.2014 | 01:30

Alemania, como España, intenta dar con la solución de un auténtico sudoku energético. El Gobierno español de Mariano Rajoy lleva desde 2012 encadenando cambios regulatorios en un intento de contener el agujero del sistema eléctrico, una deuda de 30.000 millones que amenaza su viabilidad y que en buena parte es el resultado de una cadena de errores políticos que comenzó hace 15 años. El equipo de Angela Merkel tiene otro desafío de primer orden: cumplir su compromiso de prescindir de la energía nuclear en el horizonte de 2022 (decisión tomada a raíz del accidente de Fukushima en 2011) y desarrollar alternativamente las tecnologías renovables sin que ello encarezca severamente la factura que pagan hogares y empresas.

España tiene un problema con el coste de la electricidad, de los más altos de la UE, pero Alemania también lo tiene. Los hogares y muchas empresas alemanes pagan un precio superior a la media europea, en parte porque, como España, el país apostó fuerte por las energías verdes (eólica y solar, principalmente) y lo hizo mediante un sistema de primas (subvenciones), si bien menos generoso que el español. Singularmente, en el caso de las subvenciones a las plantas fotovoltaicas, que aquí generaron en plena crisis una auténtica burbuja especulativa.

El Gobierno de Merkel, sustentado por la gran coalición entre los democristianos de la CDU y los socialdemócratas del SPD, aprobó en enero unos objetivos para las energías verdes que, aunque algo más modestos que los anteriores, siguen siendo muy ambiciosos: los alemanes pretenden que en 2025 el 45% de la dieta eléctrica tenga origen en fuentes renovables y que en 2035 se alcance el 60%. Esa proporción ronda ahora el 25%. Tal desarrollo requiere enormes inversiones por parte de las compañías promotoras y estímulos multimillonarios que empujan al alza el recibo de la luz.

Pero el equipo de Merkel intenta dar con una fórmula de apariencia imposible. Quiere evitar que los costes se disparen y socaven gravemente la renta de los hogares y la competitividad de las empresas, pero sin renunciar al ambicioso objetivo renovable, que aliviaría la dependencia energética del exterior y favorecería la creación de actividad y empleo. El Gobierno federal ha puesto sobre la mesa, entre otras, dos decisiones polémicas: reducir los incentivos que reciben los molinos de viento y las plantas solares y obligar a las instalaciones de autoconsumo (industriales o residenciales), ahora exentas, a pagar una tasa destinada a financiar el desarrollo renovable. Ambas medidas son análogas a algunas de las que ha tomado el Gobierno español en el último año y medio. La referida al autoconsumo, que también ha generado controversia en España -se obligó a los titulares a pagar unos peajes que antes no les afectaban-, tiene una relevancia singular para los alemanes: son muchos los hogares que, movidos por la llamada de la Administración, instalaron paneles solares en sus casas.

Esos cambios le han costado críticas y también algún disgusto político a la coalición gubernamental. Varios Länder, bajo ejecutivos tanto de la CDU como del SPD, se han enfrentado a Berlín. No obstante, las aguas parecen haberse calmado en las últimas horas, tras una negociación con los líderes de las administraciones territoriales. En España no faltaron en su momento roces entre el Ministerio de Industria y las comunidades autónomas, implicadas a menudo en planes de grandes desarrollos eólicos que quedaron mutilados con la crisis y con el giro en la política energética nacional.

El sudoku eléctrico alemán tiene otro renglón que recuerda al de España: la cuestión del precio para la industria, sector medular de la economía del país. Alemania modera la factura de sus grandes fábricas mediante un sistema que a la postre supone 23.000 millones de euros que se cargan sobre el recibo de la luz del resto de los consumidores. La Comisión Europea ha puesto varias veces el foco sobre ese modelo, que tiene toda la apariencia de colisionar con las reglas comunitarias que prohiben los subsidios públicos a las empresas. Pero el sistema sigue ahí. El que hasta 2009 tenía España para favorecer a su gran industria (tarifa G4) fue suprimido siguiendo indicaciones de Bruselas. Hoy, los altos costes energéticos son una amenaza permanente para la industria española.

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