El acuerdo de compensación entre Argentina y la petrolera española Repsol por la expropiación parcial de YPF cuenta con garantías del Estado español, según la documentación del mismo. La Junta General de Accionistas de Repsol aprobó el pasado viernes el pacto con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre la indemnización por la expropiación de un 51% de YPF, así como un blindaje estatutario que eleva al 75% el apoyo necesario del accionariado para una eventual escisión de las actividades de upstream y downstream de la empresa o un traslado al extranjero de su domicilio social. Con respecto al primer punto, "el acuerdo de compensación estará protegido por el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entres España y Argentina".
El "Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación" reconoce el derecho de la compañía a percibir 5.000 millones de dólares como compensación por la expropiación del 51% del capital social de YPF e YPF Gas y las garantías para su pago efectivo. Repsol quiere monetizar los bonos que se recibirán del Estado argentino que, unidos a la participación del 12% que posee todavía en YPF -valorada a precio de mercado en 1.400 millones de dólares- generarán del orden de unos 6.000 o 6.500 millones.
