"Hay que seguir con las reformas", aunque en el caso español recuperar las tasas de empleo anteriores a la crisis "llevará más de diez años", ha pronosticado Olli Rehn, vicepresidente y responsable de Asuntos Económicos de la Comisión Europea. Su comentario puede trasladarse a los siguientes números: el país precisará ese tiempo para que el nivel de paro, ahora en el 26% de la población en disposición de trabajar, vuelva a estar por debajo del 9%, como llegó a ocurrir entre 2005 y 2007, en el clímax de la orgía inmobiliaria y el crédito fácil.

La predicción del político finlandés -también economista y ex jugador de la Primera División de fútbol en su país- suena dura, pero realista. Y lo hace más si se examinan los antecedentes cercanos de la economía española. En 2007, España tenía más de 20 millones de personas con trabajo (hoy son 16,7 millones) y una tasa de desempleo del 8,3%. Había llegado hasta ahí desde el 24% de paro que la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejó en 1994, cuando el país bregaba por salir de otra recesión. España cosechó ese resultado, gobernada primero por el PSOE (hasta 1996), luego por el PP (hasta 2004) y de nuevo por los socialistas, gracias a un ciclo de crecimiento extraordinariamente prolongado e intenso, cuyos fundamentos se desmoronaron después de 2007.

El país redujo así a un tercio su tasa de paro y necesitó para ello encadenar trece ejercicios con avances del producto interior bruto (PIB) que como media superaron el 2,5% anual, apoyados en la construcción, muy intensiva en mano de obra, y en el consumo, que impulsaron a su vez el trabajo industrial y de los servicios.

Más que un mal augurio, lo que Rehn ha esbozado es un desafío colosal para España: lograr en una década resultados de empleo análogos a los de aquellos años precedentes y hacerlo en la seguridad de que el PIB no va a crecer con la fuerza y constancia de entonces. En parte por la digestión de las secuelas de los tiempos de opulencia, incluido el enorme endeudamiento de hogares y empresas. Tal desafío pondrá a prueba si las reformas, muchas de ellas dolorosas, de los tres últimos años elevan verdaderamente lo que los especialistas llaman el potencial de crecimiento de la economía, su capacidad de generar riqueza y trabajo con un nivel aceptable de inflación y sin desequilibrios severos. En aquella etapa anterior, el PIB necesitaba crecer por encima del 2% para ganar empleo neto. El Gobierno y una corriente de economistas sostienen que con las reformas, en especial la laboral, ese umbral puede haber bajado al 1% o 1,5%.

El primer test que medirá la solvencia de esa opinión será este año, para el que ministro de Economía, Luis de Guindos, ha vaticinado ya una primera ganancia de ocupación con el modesto crecimiento que presagia el Gobierno (el 0,7% oficial, aunque oficiosamente espera rondar el 1%). Es un examen para España, para el Gobierno de Mariano Rajoy y también para Rehn, guardián de la política de recortes y sacrificios que Europa dicta desde Berlín.