El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, negó ayer que el Gobierno influyese en la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en la subasta del "tarifazo", que suponía un incremento del recibo de la luz del 11% y que el Ejecutivo anuló tras un informe de la CNMC en el que recomendaba esta medida. Soria avanzó que probablemente la revisión del precio de la luz, hasta ahora trimestral, se haga "con un plazo mayor" y pueda fijarse con "un sistema de subastas múltiple", aunque aún no está decidido.

Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Soria señaló que la CNMC actuó en cumplimiento de los estatutos, como lo ha hecho en subastas anteriores.

Con respecto al incremento fijado del 2,3% en la tarifa de último recurso (TUR) para el primer trimestre del año, Soria afirmó que su departamento "no se ha inventado ningún precio" y que esta subida tiene relación directa con los precios marcados en los mercados a futuro entre los meses de julio y diciembre de 2013. En este sentido, Soria insistió en que en el momento de la subasta había una escasez de oferta barata y unas "inusuales" paradas de centrales nucleares.

En cuanto a la reforma para revisar el precio de la luz, el titular de Industria y Energía afirmó que "la revisión dependerá de cuál sea la determinación que tomemos. Hasta ahora está siendo trimestral, pero no está decidido todavía si va a seguir siendo así. Probablemente haya un plazo mayor", antes de participar en el "Spain investors day". Soria señaló que todavía no se ha determinado cuál será la referencia para fijar ese precio, "pero muy probablemente va a seguir siendo un sistema de subastas, si bien será múltiple". Se trataría así, añadió, "no solo de una subasta", sino de poder "tener más elementos de referencia a la hora fijar y determinar ese precio".

Mientras tanto, la patronal de la siderurgia, Unesid, anunciaba que ha recurrido ante los tribunales la orden ministerial que modifica el régimen de interrumpibilidad para los grandes consumidores eléctricos. Además, ha solicitado su suspensión cautelar por "los graves daños que su implantación puede suponer para la industria siderúrgica española, que corre el riesgo de cierres definitivos".