La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró ayer que el Gobierno no favorecerá con subvenciones públicas los despidos de las empresas solventes y afirmó que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) está para proteger a los trabajadores en caso de insolvencia o quiebra.
Báñez respondió de este modo a la diputada socialista María Pilar Lucio que le ha preguntado por qué el Gobierno eliminó el pago directo por el Fogasa de parte de la indemnización (8 días) en los despidos por causas objetivas que se produzcan en las empresas de menos de 25 trabajadores.
Este cambio fue introducido por el grupo popular en el Senado mediante una enmienda a los presupuestos generales del Estado para 2014.
Al respecto, Lucio criticó las "artimañas" del Gobierno para eliminar esta prestación, que considera que se ha hecho a través de una "trampa parlamentaria".
Por otra parte, Báñez insistió en que la reforma laboral ya está hecha y que el Gobierno solo hará "pequeños ajustes" para potenciar al máximo la normativa laboral, aunque aseguró que las recomendaciones de la OCDE serán analizadas.
La ministra consideró que la evaluación realizada por la OCDE de la reforma laboral de 2012 es muy positiva, porque reconoce que ha ayudado a dinamizar el mercado laboral, a reducir la dualidad entre temporales y fijos, y a mejorar la competitividad y la productividad.
Respecto a las recomendaciones sugeridas por el organismo internacional, Báñez indicó que las respeta y que serán estudiadas, pero hizo hincapié en que el Gobierno tiene "su hoja de ruta" y que de momento solo se acometerá la simplificación de los modelos de contratación, que pasarán de 42 a 4, con una herramienta informática intuitiva que facilite la contratación vía telemática.
Báñez también señaló que en los próximos días se remitirá a la Comisión Europea el plan español para el cumplimiento de la garantía juvenil europea y que se seguirán diseñando en colaboración con las Comunidades Autónomas actuaciones para dar más y mejores oportunidades a los desempleados.
