El Gobierno portugués destinará 30 millones de euros a las indemnizaciones de los 609 trabajadores en activo de Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC), que serán despedidos para que la nueva empresa que se ha adjudicado el alquiler de las instalaciones (a apenas 80 kilómetros de Vigo) pueda comenzar a operar en enero, el grupo Martifer. La sociedad que explorará el astillero se denominará West Sea y se dedicará a la reparación y construcción naval.

Martifer había manifestado su intención de emplear a unos 400 de estos trabajadores en su nuevo proyecto empresarial. La plantilla de ENVC se resiste a aceptar los despidos y ha convocado protestas en las instalaciones del astillero y llaman a la "revolución" contra la decisión de Lisboa de alquiler las instalaciones. Por el arrendamiento, Martifer pagará al estado 415.000 euros al año, como avanzó FARO ayer.

ENVC, con un pasivo calculado en 270 millones de euros y cuya producción ha estado prácticamente paralizada en los últimos tiempos, vieron su privatización suspendida en el primer semestre del año, cuando la UE abrió una investigación por la sospecha de que hayan recibido del Estado 180 millones de euros de forma ilegal.

Ante la imposibilidad de privatizarlos -una recomendación para cumplir con las condiciones del rescate internacional al país-, el Gobierno conservador optó por la subconcesión para reflotar la compañía.