El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios en el primer semestre del año por haber rechazado ofertas de trabajo o incumplir los requisitos de acceso o mantenimiento del subsidio. Esta cifra supone un 14,8% más que en el mismo periodo de 2012. Con esta medida, el Estado se ha ahorrado 915,22 millones, 119 más que un año antes. En el último año y medio la cuantía de dicho ahorro ha ascendido a 3.160,67 millones.
Las cifras las publicó ayer el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en una carta abierta a los medios de comunicación firmada por la titular del ministerio, Fátima Báñez, con el título "La lucha contra el fraude laboral es responsabilidad de todos". En ella hace balance de los resultados que se están obteniendo con el "Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social", aprobado en abril de 2012, y anima al conjunto de la población a denunciar a los trabajadores y empresarios con "comportamientos fraudulentos".
Las cifras que ofrece la ministra Báñez en su misiva, que no detalla por autonomías, incluyen la cuantía que el Estado ha conseguido ahorrarse con los fraudes descubiertos. Así, explica que en el primer año y medio de vigencia del plan, se han realizado 334.214 inspecciones por empleo irregular, en las que afloraron 130.512.
En la lucha contra las empresas ficticias, entre el año 2012 y el primer semestre de 2013 se realizaron 35.761 inspecciones, anulando un total 64.379 que se habían tramitado "con el fin de obtener indebidamente prestaciones de Seguridad Social". Se detectaron 3.523 infracciones en este último año y medio, según los datos facilitados por la ministra en su carta abierta a los medios de comunicación.
Los empresarios también han sido objeto de inspección y en el primer semestre de este año se incrementaron un 30,57% -no se dan cifras absolutas- las infracciones por dar trabajo a personas que estaban cobrando el paro o por facilitar su acceso a dicho subsidio. Según el ministerio de Empleo, se detectaron 5.833 trabajadores que cobraban el paro y trabajaban o que habían conseguido la prestación indebidamente, frente a los 4.526 del primer semestre de 2012, lo que representa un incremento del 28,88%.
De enero a junio se inspeccionaron 14.842 empresas ficticias, el 46,88% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se realizaron 10.105 inspecciones. En ellas se detectaron 1.964 infracciones, frente a las 809 del primer semestre de 2012, lo que supuso un aumento interanual del 146,26%.
Mientras la ministra de Empleo daba datos sobre fraude en el empleo y el cobro de prestaciones, los sindicatos CC OO y UGT denunciaban que el Gobierno ha dado una vuelta más de tuerca a la reforma laboral para facilitar los despidos colectivos (expedientes de regulación de empleo) a las empresas.
El consejo de ministros aprobó el pasado viernes un real decreto-ley de protección a los trabajadores a tiempo parcial que contenía, además, unas "mejoras técnicas", según la ministra Báñez. Ayer, el secretario de Acción Sindical de CC OO, Ramón Górriz, explicó que con los cambios introducidos en realidad lo que se hace es facilitar el despido a través de dos vías: primando la decisión empresarial sobre la autoridad administrativa y la tutela judicial de los despidos; y limitando la representación y el control sindical. Górriz añadió que, además, el nuevo decreto otorga a las multinacionales una mejora adicional sustanciosa, ya que no estarán obligadas a presentar cuentas consolidadas del grupo para respaldar un despido colectivo, salvo que tenga la matriz en España. Por todo ello, el dirigente de CC OO alertó de que la nueva reforma laboral da otro "golpe al diálogo social" y provocará más despidos y paro.
Para UGT, el Gobierno ha reformado la regulación de los despidos colectivos invocando el principio de seguridad jurídica, pero en la práctica estos cambios son un "regalo" a los grupos de empresa que no tengan su matriz o sociedad dominante domiciliada en España. Según el sindicato, lo que hace el Ejecutivo es "una invitación" a ajustar más las plantillas. También denunció el "reiterado uso y abuso" de la figura del real decreto-ley, lo que evitó al Gobierno que las modificaciones fueran sometidas a proceso de consultas y negociación con los sindicatos y organizaciones empresariales.
