El escenario ha cambiado, se ha abierto una posible salida para el naval y debe aprovecharse. Las centrales sindicales mayoritarias consideran "precipitado" que el Gobierno y las partes intervinientes en el antiguo régimen de arrendamiento financiero del tax lease recurran de inmediato la decisión de la Comisión Europea (CE) y apuestan por desentrañar primero cómo se va a realizar la devolución de las ayudas, cuántas serían ilegales y cómo se van a recuperar.

Lo que el sector necesita ahora, según CC OO, UGT y CIG, es un "escenario de seguridad" que permita a los astilleros ofertar y disponer de financiación para trabajar. Lo mismo asegura el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ayer emplazó al Gobierno a que movilice con carácter inmediato al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para proporcionar financiación y avales a la construcción naval hasta que se restablezca la confianza de los inversores. Caballero mantiene firme su intención de nombrar al comisario Joaquín Almunia persona "non grata" de la ciudad.

Los sindicatos insistieron en que el Ministerio de Hacienda debe darse prisa en calcular el impacto de la resolución de Bruselas para determinar si es asumible. Un recurso apresurado ante la Corte Europea de Justicia podría ser perjudicial en el sentido de que podría traducirse en una mayor inseguridad jurídica para el sector. Ramón Sarmiento (CC OO) exigió celeridad al Ejecutivo para que este trabajo se realice este mismo mes. "El camino es trabajar para que el sector naval tenga las herramientas que necesite para contratar lo antes posible y devolver los puestos de trabajo", añadió Diego Atanes (UGT). Desde la CIG, César Rodríguez urgió tanto al Gobierno como a la Xunta a que no usen un posible recurso como excusa "para no estar haciendo nada".

El regidor vigués ve imprescindible que el Gobierno ponga al ICO al servicio del sector naval y que retome el diálogo con los inversores para garantizarles que el naval es un sector viable y con capacidad. "Con independencia del devenir jurídico de la resolución, el Gobierno debe ponerse al frente del sector para que tenga futuro", afirmó.

Desde el grupo municipal del PP de Vigo, su portavoz, José Manuel Figueroa, anunció ayer que se ha ofrecido a los astilleros como "puente con las administraciones autonómica y central" para encontrar la vía para minorar el impacto de la resolución.