Los servicios jurídicos del Gobierno preparan ya un recurso contra la resolución de Bruselas sobre el tax lease, que obliga a los inversores del antiguo sistema de arrendamiento financiero de los astilleros a devolver las ayudas ilegales percibidas entre 2007 y 2011. El titular de Industria, José Manuel Soria, entregará esta mañana un informe al Consejo de Ministros en el que se recomienda recurrir la decisión de la Comisión Europea (CE) ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) y solicitar medidas cautelares para frenar cualquier reembolso. "El Gobierno español irá hasta las últimas consecuencias para defender los derechos de quienes han invertido en la construcción de barcos", manifestó el ministro.
La premura del Ejecutivo por plantar batalla jurídica a Bruselas contrasta con la actitud de los sindicatos y del propio sector, que apuestan por evaluar el impacto de la devolución antes de tomar medidas más contundentes. El presidente de Pymar (sociedad que representa a 19 astilleros privados), Álvaro Platero, afirmó ayer en Madrid en un acto de Fórum Europa que el sector es "moderadamente optimista" sobre la resolución del tax lease, que afectaría a unos 200 buques construidos en ese periodo. El vicepresidente de la CE y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, reconoció por su parte que se siente "dolido" y "avergonzado" por cómo se ha "jugado con el miedo de los trabajadores" de los astilleros españoles y aseguró que se han exagerado "hasta límites inimaginables" las consecuencias de la decisión.
Además del recurso ante el Tribunal de Luxemburgo, el Gobierno pedirá medidas cautelares para suspender la devolución de las ayudas del tax lease mientras "no se sustancie el recurso". "Una cosa es que recurran las agrupaciones de interés económico y otra el recurso que puede interponer España como Estado ante una decisión de la CE", explicó el ministro Soria antes de participar en un acto en Valencia. El titular de Industria insistió en que España cuenta con argumentos jurídicos "más que suficientes" para rebatir la decisión de Bruselas, y recalcó que el Gobierno va a intentar que "el impacto de la devolución sea el mínimo posible, siempre dentro de la literalidad de la decisión".
El sector naval valora que sea el Gobierno el que deba cuantificar y concretar qué ayudas de tax lease fueron legales y cuáles hay que reembolsar. "Esta nueva resolución no nos gusta, pero es muchísimo mejor que el primer borrador. Somos moderadamente optimistas. Ahora hay que leer bien la letra pequeña y concretar cuánto dinero hay que devolver. Hacienda hará lo que tenga que hacer, pero confío en que la aplicación sea moderada, aunque no pueden hacer lo que ellos quieran", resumió Álvaro Platero ante representantes de astilleros, industrias auxiliares y sindicatos.
Aunque se desconoce el valor total de las bonificaciones fiscales que deben reintegrar los inversores por ser contrarias a las leyes de competencia de la UE, los astilleros sí saben que la resolución de Bruselas afecta a unos 200 buques de los 273 que se contrataron a través del tax lease. "Esperemos que el Gobierno actúe con sensatez y de la forma menos drástica posible", afirmó Platero.
El comisario de Competencia, responsable último de la resolución del tax lease y blanco de críticas durante toda la tramitación del expediente, reconoció ayer en declaraciones a la Cadena Ser sentirse "dolido" y "avergonzado" por cómo se ha "jugado con el miedo de los trabajadores" y denunció que se ha exagerado "hasta límites inimaginables" el impacto que la decisión del Colegio de Comisarios tendrá sobre el sector naval. Almunia también asumió que el Gobierno español está en su derecho de recurrir la resolución, pero que deberá aportar argumentos jurídicos que sostengan su posición.
Mesa del naval
Ministerio de Industria, los gobiernos de Galicia, País Vasco y Asturias; los astilleros de Pymar y los sindicatos CC OO y UGT volverán a reunirse en las próximas semanas para estudiar al detalle la resolución del tax lease y su impacto en el sector naval. Al igual que Soria, tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el lehendakari Íñigo Urkullu ya se han mostrado a favor de recurrir la decisión de los comisarios y de solicitar medidas cautelares.
