El porqué el mayor astillero privado de España entró en concurso de acreedores en julio de 2011 sigue sin estar del todo claro. Para el expresidente del consejo de administración de Barreras, José Francisco González Viñas, los sobrecostes registrados ese año por una serie de problemas en la entrega de los últimos tres buques en cartera de la factoría naval (el flotel Edda Fides y los ferries para Armas Volcán del Teide y Volcán de Tinamar) y la paralización de las contrataciones por la suspensión del tax lease empujaron a la empresa a una situación de insolvencia. Lo mismo sostiene Fernando Vilariño, exdirector financiero de la compañía. Pero para el fiscal de Delitos Económicos de Vigo, Juan Carlos Horro González, la razón podría ser otra. Éste acusa a ambos directivos, ya jubilados, de haber "maquillado" la cuentas de Barreras y mantiene su petición de tres años de inhabilitación para administrar bienes ajenos para cada uno de ellos.

Durante la vista que se celebró ayer en el juzgado de lo Mercantil nº3 de Vigo, el representante del Ministerio Público señaló que se produjo un "desfase" contable entre el balance declarado a 31 de diciembre de 2010 por Barreras y la deuda millonaria que tenía el astillero cuando suspendió pagos a finales de julio de 2011 (superior a los 70 millones). Horro recordó que el propio informe de la administración concursal recoge que los responsables de Barreras usaban los beneficios futuros para "maquillar" las cuentas. "La contabilidad no reflejaba la realidad de la empresa", argumentó. El fiscal justificó además el haber centrado su acusación en estos dos directivos y no en el conjunto del consejo de administración de Barreras (el órgano que aprueba las cuentas) por su mayor responsabilidad en el día a día de la empresa y la elaboración de los presupuestos.

También el abogado de la naviera Fernández Tapias (acreedora de Barreras), Carlos Pérez Bouzada, afirmó que en Barreras se produjeron "irregularidades contables evidentes" que llevaron a su cliente a error al transmitir una "visión optimista de la empresa, no fiel, de realidad". Bouzada expuso que el balance de Barreras a cierre de 2010 reflejaba un patrimonio positivo de 28 millones de euros, y que apenas siete meses después, cuando se solicitó el concurso de acreedores, la deuda superaba los 70 millones de euros. "Hubo irregularidades financieras relevantes, y este tipo de conductas no pueden quedar impunes", afirmó el letrado.

Pero para el expresidente de Barreras no hubo irregularidades, sino solo una serie de pérdidas relacionadas con la entrega de los últimos tres buques construidos por el astillero, sobre todo con la del flotel Edda Fides, de la naviera noruega Østensjø Rederi. Este buque fue el primero de su clase y eso generó ciertos retrasos. González Viñas recordó que el barco hubo que vararlo en Viana do Castelo, para lo que fue necesario trasladar a trabajadores de industrias auxiliares durante un tiempo a esta población portuguesa, disparando los costes por encima del presupuesto. A todo esto se sumó la suspensión del tax lease en junio de 2011, que frenó la contratación en seco. Esto provocó, según González Viñas, que no entrasen en vigor los contratos de dos nuevos ferries para Armas, operaciones que ya tenían la financiación.

Como testigo en el juicio, que quedó visto para sentencia, compareció Carlos Mantilla, uno de los tres administradores concursales de Barreras y que no firmó la calificación del concurso como fortuito al no estar de acuerdo con la argumentación ni con la calificación. Mantilla apuntó que lo más "probable" fue que el astillero arrastrase pérdidas de años anteriores y otros contratos. Los abogados de González Viñas y Fernando Vilariño, por su parte, recalcaron que no hay pruebas de que esto fuese así y subrayaron que las cuentas de Barreras fueron aprobadas por todo el consejo de administración y la auditora (Auren) y contaron con el visto bueno de Hacienda.