Estupor, indignación, rabia, incredulidad? El sector naval gallego no daba crédito ayer a la confirmación de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea (CE) de que el comisario Joaquín Almunia no recibirá finalmente hoy a la delegación española que defiende la legalidad del tax lease (Ministerio de Industria, gobiernos de Galicia, Asturias y País Vasco y Pymar) y que esta reunión se retrasará a la próxima semana, apenas unos días antes de que Bruselas resuelva definitivamente sobre el anterior sistema de arrendamiento financiero del sector. La intención del Gobierno y las comunidades con industria naval es que este encuentro se celebre antes de la reunión que mantendrán los jefes de gabinete de los comisarios, preparatoria de la del Colegio de Comisarios, y en la que ya quedará perfilada la decisión final que puede salvar o condenar al naval español.

"Provoca estupor que el comisario no reciba al ministro de Industria del quinto país europeo ni a los presidentes de tres comunidades ni a los astilleros de Pymar. Nos hemos quedado estupefactos", afirmó ayer un responsable del sector tras enterarse del "nuevo desaire" de Almunia. "El vicepresidente Almunia ha recibido la petición de reunión del señor Soria y de los presidentes de las comunidades autónomas sobre el tax lease, las ayudas fiscales a la financiación de la construcción naval", indicó por la tarde el portavoz de Competencia, Antoine Colombani. "El vicepresidente les ha propuesto que esta reunión tenga lugar la semana que viene", agregó, sin concretar una fecha concreta para el encuentro.

El frente español, inédito en su composición porque confluyen tres fuerzas políticas diferentes (PP, PSOE y PNV), dos administraciones (central y autonómicas) y una sociedad de astilleros (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión), busca que el comisario socialista Joaquín Almunia replantee el borrador de resolución del tax lease adelantado en exclusiva por FARO el pasado 24 de junio, que obligaría a devolver todas las bonificaciones fiscales concedidas entre 2005 y 2011, que suman más de 2.800 millones de euros. Este supuesto, de producirse, condenaría a la mayoría de los 19 astilleros privados españoles y a 87.000 trabajadores, según cálculos del sector.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ayer se reunió en Vigo con los astilleros agrupados en Asime y Aclunaga, asumió que la situación es "crítica" y que es necesario que el encuentro con Almunia se produzca antes de que se reúnan los jefes de gabinete de los comisarios. En estas reuniones se definen las agendas del colegio de comisarios, se analizan los temas a abordar y se perfilan las decisiones. Fuentes consultadas por FARO señalaron ayer que esta reunión estaba prevista para el 4 de julio y que se habría pospuesto al viernes de la próxima semana. Desde Competencia declinaron hacer "comentarios al respecto".

Feijóo recalcó que la delegación española cuenta con argumentos jurídicos, técnicos y económicos más que suficientes para conseguir que Almunia replantee su propuesta, argumentos elaborados por prestigiosos bufetes de expertos en derecho comunitario españoles y extranjeros. "Tenemos que utilizar la diplomacia y la inteligencia si queremos ganar esta batalla, que es la del interés general", afirmó. El presidente de la patronal del metal, Julio Gómez, señaló que exigir la devolución de las ayudas sería la "puntilla" a un sector ya castigado, mientras que el responsable de Aclunaga, Fernando Alcalde, defendió la legalidad con la que "funcionan los astilleros", que "nada tiene que ver con lo que "parece dejar entrever la resolución".

Para lograr una mayor representatividad del sector, los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, acompañarán a la delegación española que se reunirá con Almunia la próxima semana, según confirmaron ayer ambos sindicatos.