El grupo PSA Peugeot Citroën perdió ayer el 4,21% en la bolsa de París ante el rumor de que está barajando una nueva ampliación de capital para hacer frente a su necesidad urgente de liquidez, según recogía ayer el diario La Tribune. La dirección de PSA, con su presidente al frente, Philippe Varin, arrancó también ayer la negociación con los sindicatos galos del nuevo plan de competitividad de la multinacional, con el que se busca garantizar la viabilidad futura de las fábricas francesas. Entre las medidas propuestas por el grupo, destaca la congelación de salarios y una mayor flexibilidad laboral, como avanzó FARO el pasado martes.
El fabricante francés de automóviles consumió 2.500 millones de euros a lo largo de 2012 debido a la caída de ventas (sobre todo en Europa) y la guerra de precios que sufre este sector, lo que le llevó a acumular unas pérdidas de algo más de 5.000 millones de euros. Según La Tribune, la compañía estaría barajando una nueva ampliación de capital como la llevada a cabo a principios de 2012 (con la que se dio entrada en el capital a General Motors, con un 7%) para mejorar su liquidez. La compañía negó esta posibilidad, pero los analistas coinciden en que es la opción más creíble. PSA argumentó que no tiene necesidad debido a las emisiones de bonos realizadas en los últimos meses.
La familia Peugeot controla en la actualidad el 25% del accionariado de PSA y el 38% de los votos del consejo de administración, pero su participación podría verse diluida si finalmente se produce una nueva ampliación de capital. La incertidumbre sobre la situación financiera el grupo provocó que la acción cayese el 4,21% en el parqué parisino, situándose la acción en los 7,05 euros.
Negociaciones
De forma paralela al plan de reestructuración industrial de PSA, que incluye el cierre de una factoría en París (Aulnay-sous-Bois) y un adelgazamiento de plantilla de más de 6.500 personas en Francia, el grupo inició ayer con los sindicatos galos la negociación de un "nuevo contrato social" con el que se pretende mejorar la competitividad de los centros franceses. Ambas partes se han dado de plazo hasta octubre para alcanzar un acuerdo. La CGT (la central mayoritaria en el país) denunció esta misma semana que el "nuevo contrato social" de la multinacional es un "chantaje" a las plantillas que supondrá el recorte de derechos laborales. La CGT afirmó que además de bloquear cualquier aumento salarial, la empresa pretende imponer la movilidad "forzosa" de empleados entre sus factorías en función de sus intereses. Para el grupo, el "contrato social" permitirá acelerar la recuperación y sentar las bases para hacer de las plantas francesas las más competitivas.
