El Gobierno concederá el permiso de residencia a los extranjeros que compren viviendas por un importe superior a 500.000 euros, frente a los 160.000 anunciados, y a los que compren deuda pública por encima de 2 millones de euros.
Así figura en el anteproyecto de la ley de emprendedores que recoge que también recibirán el permiso de residencia los foráneos que hagan una inversión significativa o destinada a proyectos empresariales de interés general, como es el caso de la creación de puestos de trabajo o de una aportación a la innovación científica y tecnológica.
También se beneficiarán con la carta de residencia los profesionales "altamente cualificados" que formen parte de un negocio de reconocido prestigio.
Por último, se dará este permiso a los extranjeros que se desplacen a España dentro de una relación laboral o por motivos de formación profesional.
Todas estas medidas tienen como objetivo favorecer la llegada de inversión y talento a España, según explicó la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado ayer.
En concreto, Santamaría indicó que se facilitarán a los que realicen inversiones inmobiliarias por encima de los 500.000 euros y compras de deuda pública por más de 2 millones de euros. En este sentido, recordó que otros países como Portugal, Chile, Italia o Reino Unido están tomando medidas similares para atraer inversión de una manera "ordenada y disciplinada".
El primer anuncio que el Gobierno hizo al respecto fijaba el valor de la vivienda en 160.000 euros. En 2012 la apuesta de los inversores extranjeros por la deuda pública española se redujo un 10%.
Por otra parte, la ley del emprendedor incluye también medidas para facilitar la financiación de las pequeñas empresas.
En concreto, se prevé simplificar las cargas para que las pymes puedan emitir deuda en mercados de renta fija. Es decir, que se abrirá un mercado alternativo para que las empresas de menor tamaño puedan invertir entre ellas sin tener que escriturar esas emisiones.
En paralelo, la ley perfecciona la regulación de las cédulas de internacionalización, dando más claridad a los activos que sirven como cobertura, y se crean los "bonos de internacionalización" para dar más flexibilidad a la emisión de títulos que tengan como cobertura préstamos vinculados a la internacionalización.
Reacciones
Desde el lado sindical, UGT cree que el contenido de la norma es insuficiente porque no soluciona la falta de crédito para las pymes. En el mismo sentido, la patronal Cepyme insistió en la necesidad de normalizar el crédito para las pequeñas y medianas empresas, aunque considera que la ley contribuirá a la recuperación de la economía.
Las organizaciones de autónomos han coincidido en que la ley debe incluir medidas que impulsen la financiación de la actividad de este colectivo y piden que la banca nacionalizada sea la vía para distribuir el crédito.
