El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, ha decidido cambiar el rumbo de su defensa ante la probabilidad de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acate la recomendación de los fiscales anticorrupción y acabe siendo imputado. En definitiva, pasar del silencio y la actividad entre bambalinas -en la propia sede de la pesquera- a una postura proactiva para defenderse ante los presuntos delitos de falseamiento de cuentas, de información financiera y uso de información privilegiada. Y no lo ha hecho solo. Junto al también empresario vigués José Alberto Barreras, accionista de la multinacional a través de Transpesca, ha decidido personarse ante el magistrado Ruz como parte perjudicada antes siquiera de que el alto tribunal haya iniciado un procedimiento contra ningún directivo o consejero por el colapso de Pescanova.
Así consta en una providencia firmada por el juez el martes, a la que ha tenido acceso FARO, en la que acepta la personación de ambos. "Es significativo porque todavía no hay caso, solo un informe de fiscalía", explican fuentes jurídicas. No obstante, y según ha podido comprobar este diario, desde el juzgado central de Instrucción número 5 se ha apremiado a los querellantes (se han presentado cuatro denuncias contra Sousa) a aportar ayer "toda la documentación" , algo que los juristas interpretan como una "evidencia" de que el mediático magistrado (investiga la trama Gürtel) va a dictar una "resolución con imputaciones en cuestión de horas".
Abogado estrella
En el caso del presidente de la multinacional, la solicitud de personación se presentó el lunes. La procuradora de Sousa-Faro es Virginia Aragón Segura, y mantiene además al letrado que contrató antes de pedir el concurso en Pescanova y que le recomendó que no dimitiera de su cargo: Gonzalo Martínez-Fresneda. Este abogado (muy mediático también), según fuentes próximas al empresario, es el que ha emplazado a Fernández de Sousa a defenderse públicamente. José Alberto Barreras presentó su solicitud de personación con Concepción Donday como procuradora, como consta en la providencia del juez Ruz.
La estrategia del también presidente de Montebalito (y exaccionista mayoritario de Pebsa, que quebró en los años 90) es la de justificar la venta de 700.000 acciones de Pescanova entre el 11 y el 6 de enero por el hecho de que éstas estaban pignoradas por CaixaBank. "Su línea de defensa es que tenía que amortizar un préstamo y desconocía la situación financiera" de la multinacional pesquera, explicaron a este diario fuentes jurídicas conocedoras del proceso. Barreras, gran aliado de Fernández de Sousa, ganó 11,2 millones por la transacción de estos títulos en bolsa a un precio medio de 16,02 euros, con lo que evitó perder 6,3 millones (las acciones de Pescanova permanecen congeladas en los 5,91 euros). Pese a todo, Transpesca -sociedad a través de la cual era socio de la empresa fundada por José Fernández- suspendió pagos formalmente el 27 de febrero. Dos días después Pescanova solicitaba el preconcurso de acreedores. Anticorrupción atribuye a José Alberto Barreras un presunto delito de uso de información relevante.
Desde el Ministerio Público insisten, por otra parte, que habrá más imputados y otros delitos en cuanto se reciba "más información", tanto de KPMG (auditor forense) como de Deloitte (administrador concursal). Por ahora Fernández de Sousa es sospechoso -a ojos de los fiscales Juan Pavía y Elena Lorente, en base a documentación de la CNMV- de falsear las cuentas, la información financiera y de hacer uso de información privilegiada para lucrarse a costa de la empresa.
