La evasión fiscal implica para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias un sobreesfuerzo equivalente, en el caso de Galicia, a casi 1.900 euros al año, según una estimación de Gestha, la organización profesional que asgrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda. Ante los intentos del Gobierno y del Consejo Europeo de reforzar la lucha contra la defraudación, este colectivo alertó ayer del incremento de la evasión y demandó más transparencia y un control a escala de la UE de las prácticas financieras opacas.

Los técnicos agrupados en el sindicato Gestha estiman que la economía sumergida española, equivalente -según sus cálculos- a más del 23% del producto interior bruto (PIB), supone para las arcas públicas una pérdida de ingresos tributarios cercana a los 90.000 millones de euros cada año.

La misma organización calcula a partir de esas cifras el impacto en el bolsillo de los ciudadanos: "Cada español debe pagar anualmente unos 1.910 euros de más para compensar los impuestos que otros contribuyentes dejan de tributar debido al fraude", expone Gestha. Y añade estimaciones sobre cada una de las comunidades autónomas: con el tamaño que presumiblemente tiene la economía sumergida en Galicia (en torno al 26% del PIB), la pérdida de ingresos fiscales ronda los 5.233 millones de euros al año y supone para los contribuyentes un esfuerzo extra de 1.893,56 euros por persona y año.

Los técnicos de Hacienda consideran que Europa debería extender el intercambio automático de información tributaria (mecanismo previsto para 2015), de modo que alcance a los dividendos y ganancias de capital, y no sólo a las rentas del trabajo y a los seguros. "Es necesario acabar con la opacidad existente en los fondos de inversión, fondos de pensiones e instrumentos financieros innovadores", subrayó Gestha, cuyos integrantes son partidarios también de aplicar un tipo impositivo del 35% en el impuesto de sociedades para los beneficios que superen el millón de euros.

El cuerpo de técnicos de Hacienda subraya cómo la presión fiscal ha caído en España desde 2007, situándose en el 31,4% del PIB, frente al 38,8% de la media de la UE. El fraude tributario es responsable de la mitad de ese diferencial, sostiene Gestha.