La suerte está echada. Pymar -la sociedad que representa a los pequeños y medianos astilleros- y el Gobierno han dado por finalizada la defensa del anterior sistema de bonificaciones fiscales del naval tras el envío de varios informes jurídicos independientes que validan la legalidad del tax lease, por lo que el futuro del sector está ahora en manos de Bruselas. Los astilleros emplazaron de nuevo ayer a la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea (CE) que encabeza el comisario Joaquín Almunia a que resuelva favorablemente el expediente del tax lease y no reclame la devolución de las ayudas, supuesto que empujaría a la quiebra a la práctica totalidad de las empresas. Pymar advirtió de que si la decisión se retrasa -el tax lease lleva casi dos años suspendido-, los astilleros podrían perder hasta cuarenta nuevos contratos para los que han presentado ofertas.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que mantuvo ayer una reunión en Santiago con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, instó también a la Comisión a adoptar "con urgencia" una decisión favorable al naval español porque existen "sólidos argumentos técnicos y jurídicos", y emplazó al Gobierno a "redoblar los esfuerzos" en las negociaciones con Bruselas para que no aplique la retroactividad al tax lease. Las declaraciones de Feijóo se producen apenas unas semanas antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reúna en Bruselas con el presidente de la Comisión, José Durao Barroso, para abordar la situación económica española. El encuentro está previsto para el próximo 5 de junio.

Los astilleros de Pymar consideran que Bruselas debe emitir una resolución de forma "inminente", ya que tanto la Administración como la sociedad de astilleros han remitido "toda la documentación que se les requería". Según ha podido saber FARO, en total se han presentado varios informes jurídicos independientes, realizados por sendos gabinetes de expertos en derecho comunitario, y que avalan la legalidad del anterior tax lease, en contra de lo que sostiene Bruselas, que sospecha de pueda ser considerado ayudas ilegales de estado. Estos informes ahondan en los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, y recogen que Bruselas había avalado hasta en dos ocasiones, en 2004 y 2009, la legalidad del sistema español antes de suspenderlo, como adelantó FARO el pasado 5 de mayo.

Las dudas respecto a la posibilidad de que Bruselas acabe por exigir la devolución de las bonificaciones se han disparado en las últimas semanas debido a las decisiones tomadas con Estaleiros Navais de Viana do Castelo en Portugal y el astillero griego Ellinika Nafpigeia. Al primero le exigen 180 millones de euros y al segundo, 310 millones, al entender la Comisión que recibieron ayudas ilegales de Estado. Según Pymar, los astilleros españoles ya han dejado de construir unos 50 buques por las dudas sobre el anterior tax lease, y están en riesgo otros 40 contratos por los que han presentado ofertas.

Por otra parte, UGT ha iniciado una ronda de contactos para exigir a la Xunta y al Gobierno "que se tomen ya en serio" la defensa de la anterior tax lease para no condenar al naval. Lo aseguró ayer el Vigo el secretario federal de MCA-UGT, José Luis Gacio, que acompañado de otros responsables de la federación, mantuvo un encuentro con el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, el alcalde vigués, Abel Caballero, y la teniente de alcalde, Carmela Silva. El portavoz ugetista informó de que pondrán en marcha una campaña de presión -en colaboración con CC OO- ante las administraciones implicadas con este problema. El líder de MCA-UGT en Galicia, Manuel García, lamentó que Feijóo, al contrario que otros mandatarios autonómicos como el presidente de Asturias, no haya pedido una reunión con Almunia para abordar este tema.