La deuda pública española -lo que deben las administraciones- mantiene su escalada y al cierre del primer trimestre del ejercicio marcó un nuevo récord: 923.311 millones de euros, el equivalente al 87,8% del producto interior bruto (PIB), según los datos hechos públicos ayer por el Banco de España. Este nivel de endeudamiento supone que el Estado y las autonomías deberán abonar este año 40.000 millones de euros en concepto de intereses, la misma cuantía que la ayuda concedida por Bruselas para afrontar el rescate bancario.
El endeudamiento de las administraciones públicas creció en tres meses en 39.438 millones de euros, a un ritmo superior a 400 millones al día, como también ocurrió durante todo 2012. solo en marzo el pasivo fue 10.091 millones superior al de febrero, y superó en 148.385 millones al de marzo de 2012. Pese a tales cifras, el incremento de marzo fue inferior al que se registró en febrero, cuando la deuda pública se elevó en 17.598 millones de euros.
Las previsiones del Gobierno apuntan a que la deuda pública se situará este año en el 91,4% del PIB, aunque inicialmente, en los Presupuestos Generales del Estado, constaba el 90,5%. Aun así, la revisión al alza todavía se puede quedar corta, si la deuda sigue creciendo al mismo ritmo y más si el Ejecutivo da el paso y pone en marcha un nuevo plan de pago a proveedores -15.000 millones más- o si se dota de más liquidez al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que cuenta con 23.000 millones de euros.
El peor ejercicio desde que se inició la serie histórica en 1990 fue, sin embargo, 2012. En un solo año la deuda pública aumentó en 147.405 millones de euros, más de 400 millones diarios. Este récord ensombreció incluso el de 2009, con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, cuando el pasivo de las administraciones públicas aumentó en 128.098 millones de euros respecto a 2008.
Los últimos datos sobre la distribución de la deuda por administraciones corresponden al cierre de 2012. Entonces, el Gobierno central acumulaba el mayor volumen, con 760.268 millones; las autonomías, 184.500 millones; los ayuntamientos, 41.964 millones, y la Seguridad Social, 17.188 millones.
Francisco González, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo, explicó ayer que el avance de la deuda pública en los tres primeros meses del año responde a las previsiones, pero alertó del riesgo de que el incremento sea incluso mayor si no se aborda con urgencia una política de reducción real del gasto público acompañada de estímulos al crecimiento.
"Es cierto que ahora se tiene que hacer frente al pago de intereses elevados, provenientes, por ejemplo, de subastas del Tesoro a tipos muy elevados. Pero la clave está en que han bajado los ingresos y no se ha reducido el gasto público en consonancia. Los recortes se reducen a los salarios y la supresión de servicios del Estado de bienestar, pero no se aborda una política de ajustes con criterios de sostenibilidad y de rentabilidad a medio y largo plazo".
En opinión del catedrático, "no se trata de recortar por recortar, sino de que España no está abordando el asunto clave: en qué hay que reducir el gasto público. Hay que eliminar el improductivo, que es parte del gasto corriente y las inversiones menos rentables. Y hay que apostar por el gasto productivo para estimular el crecimiento y que aumenten los ingresos". "Sin estas condiciones, la deuda seguirá creciendo a ritmos similares", apostilló.
