Aunque no está claro ni existe un plan concreto de aplicación, de la opinión de los expertos y de la propuesta del grupo de economistas españoles del grupo Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), que plantearon el contrato único ya en 2009 dentro de una batería de propuestas para dinamizar el mercado laboral español, se apunta que el contrato único trata de homogeneizar las variadas vías de contratación en España -41, en total- y lograr una sola.

Así, la pretensión sería que quede un solo tipo de contrato que formalmente fuera indefinido pero que el empresario pudiera rescindir en cualquier momento y sin control judicial, con lo que se pretenden eliminar resistencias empresariales a la contratación.

La ventaja que apuntan expertos de simplificar la actual maraña de modelos de contratación plantea, sin embargo, bastantes dificultades prácticas y jurídicas, en parte porque buena parte de la casuística del sector industrial o de servicios precisa de fórmulas de temporalidad, según señalan expertos y empersarios

En lo que se refiere a las consecuencias económicas de un contrato único, las más relevantes son la referidas a la indemnización por despido, que se abarataría sensiblemente, aunque se le confiere el carácter de "creciente", en función de la antiguedad en la empresa. Así, se alude a indemnizaciones equivalentes a entre 8 y 12 días por año trabajado, hasta 30 al alcanzar los 12 años de antigüedad.

Los defensores de la iniciativa apelan a sus ventajas en la incentivación del empleo ante la seguridad de un despido más barato y sin control judicial, además de permitir aflorar la economía sumerida y eliminar la "alta protección" de los actuales beneficiarios de contratos indefinidos, frente a la "precariedad" de los eventuales.