Bastaron 2.212 palabras para romper la veda que se mantenía vigente con Manuel Fernández de Sousa desde que estalló la crisis de la empresa que preside, Pescanova. El hijo del fundador de la compañía pasó de ser un ejecutivo manifiestamente irresponsable a ojos de maremagnum mediático a un gestor presuntamente culpable de tres delitos que pueden acarrear entre cuatro y seis años de cárcel. Pero el informe de Fiscalía Anticorrupción en el que se pide su imputación -junto a otros tres consejeros- está "incompleto". Así lo reconocieron a FARO fuentes próximas al Ministerio Público, que indicaron que se señaló a cuatro consejeros y otras siete empresas porque es de lo "único" de lo que tenían "datos fehacientes". Las seis páginas del informe que se hizo público serán más en cuanto Anticorrupción reciba el informe del auditor forense, KPMG.
De acuerdo con fuentes jurídicas los fiscales Juan Pavía y Elena Lorente "no disponen de más datos para ampliar el número de imputaciones" ya que la documentación aportada por Pescanova a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es "muy escasa". "Se han incluido a aquellas personas de cuyas actividades presuntamente irregulares hay argumentos inequívocos", expresan las mismas fuentes. De ahí que el informe del Ministerio Público se base en los datos aportados por el regulador bursátil para atribuir a Sousa y a Alfonso Paz-Andrade (consejero delegado hasta 2007) presuntos delitos de uso información relevante y falseamiento de información económica y de las cuentas. Al consejero José Antonio Pérez Nievas y a José Alberto Barreras (accionista) les atribuye uso de información privilegiada.
Las acusaciones se basan en lo que es de sobra conocido: que había doble contabilidad, que Pescanova tenía problemas de liquidez y no había avisado a sus socios y que varios de ellos vendieron acciones masivamente.
Sin documentación
El letrado del despacho Yvancos Abogados que elaboró la querella en representación de inversores minoristas, Ángel Sutil, incide en que por esta causa "los delitos que se mencionan en el informe son los relativos a la venta de acciones y otros comportamientos por los que la empresa ya fue apercibida". "El oscurantismo de Pescanova sigue siendo muy acusado", condena. No en vano la multinacional pesquera no envió a la CNMV sus cuentas de 2012, sino "una especie de resumen de los estados financieros" sin firmar por el consejo o la auditora BDO, como reconoce un miembro de este órgano gestor. Ni la CNMV tiene, por tanto, más información que pueda ayudar a los fiscales.
Incluso la documentación que entregó en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra era incompleta y, cuando la corrigió, el juez Roberto de la Cruz comprobó que Sousa le había mentido en la primera remesa de papeles: dijo que tenía el doble de acciones y 88 millones menos de deuda.
Sobre otras causas que puedan incluirse en la fase de instrucción -si prospera la querella- habría que tener información interna de la compañía, que tres empresas auditoras distintas van a aportar en distintas fases a los fiscales de la segunda mayor suspensión de pagos de la historia empresarial de España. "Sobre todo esperan al documento de KPMG", el auditor forense (especializado en detectar fraudes), cuyo informe inicial se entregará en poco más de diez días.
"Esa será por fin la primera información objetiva que se tendrá de la compañía", sostienen desde el entorno de Anticorrupción. Un equipo de auditores, abogados, policías en excedencia, ingenieros informáticos o contables trabajan en las instalaciones de Chapela para encontrar los agujeros de Pescanova. Deloitte aún tiene más tiempo para remitir su primer informe concursal (dos meses desde la suspensión de pagos, que podrían alargarse a ocho dada la magnitud de los problemas de la multinacional pesquera.
Según expertos jurídicos el diagnóstico de las auditoras derivará probablemente en la inclusión de los presuntos delitos de alzamiento de bienes y, llegado el caso, de insolvencia punible. "Y seguro que se ampliará la querella a otras personas" que, de acuerdo a las mismas fuentes, la información "se irá centrando en los ejecutores de los movimientos presuntamente delictivos". Esto es, ejecutivos de alto rango de la compañía.
En dos folios del informe de Fiscalía que no se hicieron públicos, según apuntaron fuentes de toda solvencia a FARO, los fiscales Pavía y Lorente piden por escrito a BDO -auditora de Pescanova, para quien Sousa reclamó su revocación- que le entreguen "toda la documentación" de la compañía, así como los informes ya entregados a la CNMV.
Embargo de activos
Los querellantes que representa el despacho Yvancos (exabogados de Ruiz-Mateos) están "muy satisfechos" porque los fiscales soliciten al juez de la Audiencia Nacional (Pablo Ruz) que Pescanova SA (como empresa) también sea imputada. "Esto da pie a que se considere responsable civil y se puedan embargar a sus bienes para pagar a nuestros clientes, ya que los accionistas siempre son acreedores subordinados (no cobran en primer lugar si hay liquidación). "Y el hecho de que Fiscalía acepte la competencia de la Audiencia Nacional es fantástico, es el juzgado con más medios de España", sostiene Sutil.
