El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, consideró "inimaginable" que un "consultor" designado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tuviera las aptitudes necesarias para garantizar el "mantenimiento" del Grupo Pescanova. Sousa recurrió por esto la decisión del juez de lo Mercantil 1 de Pontevedra, Roberto de la Cruz, de suspender las facultades ejecutivas de todo el consejo, incluidas las suyas. Y si el presidente considera que solo él tiene "un conocimiento altamente especializado" o "un dominio de las informaciones antecedentes" del negocio, el magistrado no está en absoluto de acuerdo. Sousa no es imprescindible en el concurso de acreedores que él mismo solicitó para Pescanova, y reponerlo en el cargo no sería "responsable".
Esta es la conclusión que ha expuesto el juez titular del caso en apenas seis páginas, en las que tumba una a una las razones por las que la suspensión del consejo (que pierde sus poderes de gestión) no están encaminadas ni a liquidar la empresa ni a impedir que el propio Sousa elabore una propuesta de convenio de acreedores, como había mantenido en su recurso. El consejo sigue existiendo (con dos miembros menos, Antonio Basagoiti y Jesús García) y la figura del presidente también. Lo que han perdido es el bastón de mando por razones "motivadas".
